Por Juan José Romero
Por ir en contra de la Constitución General de la República, por lo que sería una “aberración” aprobar que las comunidades indígenas les sea reconocido su sistema de justicia comunitario que contempla la detención, enjuiciamiento y la imposición de castigo a los presuntos infractores consideró el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero.
“Eso es una aberración Constitucional”, la propuesta adoptada por organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y sus abogados “mediáticos”, Vidulfo Rosales Sierra y el ex diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Cayatano García, expresó tajante el líder campesino
Independientemente de que a los diputados locales “se les hizo bolas el engrudo” con la consulta a los pueblos indígenas, porque lo único que ordenó la SCJN es que consultadas las leyes 777 de Seguridad Pública y 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, in que implique el reconocimiento a su sistema de justicia comunitario así como lo piden.
Cuestionado si lo que buscan la CRAC y “Tlachinollan” es que las comunidades indígenas, a través de su sistema de justicia comunitario, puedan detener, enjuiciar y castigar a los presuntos infractores, es decir, que no sólo sean una institución auxiliar, Romero Sotelo dijo que es “imposible jurídicamente hablando, es una aberración constitucional, es una ocurrencia de los abogados que los asesoran como Vidulfo Rosales Sierra y Rubén Cayetano García, que son unos pobres abogados mediáticos”.
Con esto agregó, “están faltando a la ética profesional como abogados, porque saben perfectamente bien que una sola persona no puede ostentar dos poderes, en este caso el Judicial y el Ejecutivo, en pocas palabras, no pueden ser juez y parte”, apuntó.
El también ex diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) explico que lo que no quieren ellos es que la Policía Comunitaria funcione como un mero ente auxiliar, porque “es cuestión de lana”, cometen excesos en agravio de los detenidos o infractores, aseguró.
Mencionó que la pretensión tanto de la CRAC como de “Tlachinollan”, no es posible porque en aras de “reeducar” cometen delitos graves como el secuestro y tortura: “recuerdo que tuve que intervenir, en mi calidad de diputado local, para liberar una señora en San Luis Acatlán a quien tenían detenida en condiciones paupérrimas, infrahumanas”, refirió.
Ante esto Romero Sotelo solicitó tanto a la CRAC como a “Tlachinollan” y a sus abogados dejarse de mafufadas al pedir cosas que legalmente no proceden, insistió.
