Enfoque Informativo
En seguimiento a los acuerdos tomados en la 16 Mesa Interinstitucional con colectivos de familias de personas desaparecidas en Guerrero, desarrollada el pasado 7 de mayo, los equipos técnicos de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado se reunieron con integrantes de dichos grupos para continuar con el análisis de la propuesta de Ley en la materia de Desaparición Forzada, que plantea establecer claras competencias entre el Estado, municipios e instituciones relacionadas para mayor efectividad en la búsqueda de las personas desaparecidas, y que además contemple la coadyuvancia de los familiares en las etapas de investigación, quienes podrán verter sus opiniones, recibir información y aportar indicios o evidencias.
En este encuentro estuvo presente la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán; el Lic. Carlos Alberto Villalpando Millán, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno; Lic. Enedina Medrano Serrano, encargada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; Mtro. Román Jaimes Contreras, tercer visitador general de la CDHEG; Mtro. Arturo Solís Felipe, encargado de despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero; Lic. Nury Peralta, asesora de la Cruz Roja Internacional, y Víctor Parra Téllez, fiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Diputadas y diputados locales aprobaron reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, lo que implica que el Estado reconoce las acciones de seguridad pública y para la prevención del delito que implementen los pueblos originarios entre sus integrantes, con sujeción a sus estructuras institucionales, sistemas normativos y prácticas tradicionales, dentro de su comunidad, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las niñas, niños y mujeres.
Con la aprobación de estas reformas constitucionales se da cumplimiento a la resolución de Acción de Inconstitucionalidad número 78/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apuntó la diputada Leticia Castro Ortiz al fundamentar y motivar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Seguridad Pública.
Entre las reformas también se establece que la implementación y seguimiento de la prevención de los delitos e infracciones se dará por conducto de su policía, integrada por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Comunitaria, en estricta cooperación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para alcanzar los fines que persigue el Sistema de Seguridad Pública del Estado.
Subrayó que estas comisiones determinaron turnar la iniciativa a la Junta de Coordinación Política para que procediera a la ejecución de las etapas que prevé el Protocolo previamente aprobado para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe la Consulta. Para ello, se convocó a los 80 ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla; se distribuyeron más de 2 mil 586 invitaciones y lineamientos al mismo número de pueblos y comunidades, y más del 36 por ciento aceptaron su participación en el proceso de Consulta, mientras que de un 34 por ciento no hubo respuesta.
Informó por último que una vez concluida la Consulta, las Comisiones Unidas verificaron las actas y documentos de las propuestas presentadas por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mismas que fueron integradas al dictamen de reformas al artículo en cuestión.
