Por Juan José Romero
La toma de las casetas se estaba convirtiendo en un negocio para grupos ajenos a la normal de Ayotzinapa, señaló el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel.
El legislador morenista refirió que había grupos conformados por ex estudiantes de esa normal quienes llegaban a tomar el control de las casetas así como organizaciones ajenas al movimiento de los normalistas.
Refirió que en una caseta del estado de Morelos donde había un grupo organizado y controlado por una lideresa que contrataba a campesinos de extracción humilde así como indígenas con el pretexto de ser un reclamo y se había convertido en un negocio, dijo el legislador.
“No quiero imaginarme que aquí era lo mismo, pero si se perdió la esencia, siempre defenderemos el derecho, la libre manifestación que no se afecte a terceros que se entreguen los volantes, los reclamos eso siempre se va a defender, pero una cosa es los reclamos de situaciones tan deleznables que ocurrieron en el estado y algunos se aprovechen de esto”, indicó.
Sánchez Esquivel, agregó que este tipo de acción afecta las finanzas del país y aseguro que los turistas que vienen al estado y ven este tipo de situaciones, les causa desconfianza.
“Tú los escuchas y no lo toman como nosotros los guerrerenses que aquí vivimos estamos acostumbrados a esta situación a ellos les causa temor, les genera miedo, hay que decirlo, todos estos elementos los sumamos a la pandemia, a mil factores más de inseguridad no contribuimos a que nos vaya bien al estado”, expuso.
Consideró que deberían haber otras rutas de manifestación más efectivas, y refirió que la toma de las casetas nació con el movimiento de Ayozinapa, pero comenzó a desvirtuarse y otros grupos se aprovecharon de esto para lucrar con este movimiento y con ello hacerse de recursos económicos.
Atentan contra la libertad expresión y de libre manifestación, asegura el abogado
Para el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, el operativo implementado para no permitir la toma de casetas les coarta su libertad de manifestación.
Según el abogado el derecho a la libertad de expresión es un “conducto” para ejercer otros derechos, y en el caso de los padres a través de la protesta en las calles, en las casetas han reclamado dijo el poco avance que se tiene en las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas.
“Que haya una legislación que en el mes de diciembre se votó la Ley Federal de Comunicaciones, se adiciono un artículo en el cual la toma de casetas ya es un delito y lo que se hizo la semana pasada solo cumplir con la legislación punitiva que penaliza la toma de las casetas”, expuso.
Mencionó que desde su punto de vista, el que las autoridades hayan impedido la toma de la caseta de Palo Blanco es un acto restrictivo del derecho de libertad de expresión, y comento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que los gobiernos deben tener cuidado al momento de restringir la libertad de expresión, incluso de limitar las protestas entre otros.
Aseguró que las autoridades para evitar la toma de casetas deben llamar a los inconformes para dialogar y no necesariamente dijo, ir a la disuasión y la restricción del derecho a la libertad de expresión y manifestación.
Al cuestionarle que sigue después de esta acción, Rosales Sierra comentó que no tienen pensado establecer dialogo con las autoridades, no obstante, adelanto que los padres de los normalistas desaparecidos, seguirá “transitando” y exigiendo la aparición con vida de sus hijos que desde 2014 no saben nada de ellos.
“La movilización va a continuar y no hay necesidad de dialogar en estos momentos porque los derechos ya están establecidos en la Constitución y esos no se dialogan, no es motivo de negociación es motivo de su ejercicio y la autoridad debe garantizar el ejercicio de estos derechos”, explicó.
Opinó que los operativos que prevalece en las casetas de La Venta, Palo Blanco y Paso Morelos para evitar que sean tomadas es un despliegue de fuerza que demuestra un clima de autoritarismo, así como un clima de estigmatizar la protesta social.
Y aunque reconoció que la toma de las caseta genera una merma en las finanzas públicas, también recalcó que no genera este ejercicio no trastoca el libre tránsito en las autopistas, “no se pone en riesgo el orden público con la toma de casetas”, insistió.
