Juan José Romero

Lo que los diputados fueron a realizar a la zona de La Montaña para “consultar” a los pueblos originarios en materia de seguridad solo fue para que firmara los documentos que llevaban, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

“No había ninguna propuesta de ley que pudieran analizar mucho menos que permitirán que iniciativas de ley se tomaran en cuenta, fue una simulación que nosotros lo denunciamos públicamente porque ignoraron tanto a las comunidades a las autoridades como a los mismos procedimientos que pide la ley”, señaló.

Y es que el Juzgado Séptimo de Distrito, notificó al Congreso local, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH) a través de la cual piden la invalidez de la ley 179 aprobada el 2 de abril en materia de seguridad, por considerar que de nueva cuenta se vulnero el derecho a la consulta de los pueblos indígena y afromexicanos.

En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó al Poder Legislativo otorgue los pormenores d la consulta realizada y todos los trabajos en torno a la nueva ley que los legisladores aprobaron.

En este sentido, Barrera Hernández señaló que internacionalmente hay protocolos para implementar una consulta, donde debe haber participación de las comunidades indígenas desde un primero momento, y en este caso no hubo tal, “solamente los usaron”, dijo.

Agregó que el ejercicio de los diputados fue simular la visita a algunas comunidades y convocar a una reunión donde solo les pidieron firmar los documentos donde se señalaban su presencia en esos lugares, y la consulta.

“Esto ya fue notificado por parte de los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento, ya se hicieron dos visitan con ella, con sus abogados, con el personal e hicieron lo propio la acción de inconstitucionalidad, como paso en el periodo pasado, se impugno, y por esa razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación está pidiendo se les informe”, explicó.

Barrera Hernández, manifestó que más allá de los documentos que los legisladores entregados a la SCJN, así como con algunas relatorías, “van a querer engañar a la SCJN”, y ahora tendrá la prueba mayor será para el Congreso en demostrar lo que hicieron ante el máximo órgano jurisdiccional del país.

Refirió que integrantes de la CRAC, visitaron a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente a quien hizo el proyecto para exigir que se hiciera la consulta y en ambos casos, se dijeron respetuosos de las observaciones; sin embargo, será el pleno de la SCJN quien determinara lo realizado por el Poder Legislativo local.

Cuestionado sobre la Ley 701 y el Artículo 14 Constitucional, Barrera Hernández, dijo que se estará haciendo una acción similar porque se trata de “la misma afectación” del derecho a la consulta, pero recalcó que esto es un primer paso en este caso de la Ley 179 de Seguridad Pública, “de espaldas a los pueblos indígenas y afromexicanos”.

El líder social crítico que los diputados de los diversos partidos políticos, tienen intereses particulares, de fracciones y de grupo, llevando a cabo sus propias valoraciones y determinan, porque lo que hicieron dijo no es proteger a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, como ya se vio en legislaturas pasadas.

“Han vulnerado los derechos, han sido reformas retrogradas, eso no se ha visto en las legislaturas, los principios de los derechos humanos, dicen que tiene que ser progresivos, tienen que ser aplicadas los estándares más altos de protección, hay serias deficiencias”, insistió.

Subrayó que los diputados mantienen una visión racista, ednocentrica, arrogante, interrogante y nada dialogante con los pueblos y comunidades, porque sienten que poro tener los recursos públicos a su alcance pueden hacer consultas y no necesitan diálogo y menos que les cuestionen la forma en que actúan.