Segundo revés para el Tren Maya; juzgado ordena frenar obras tramo 5

“Dicen que sin cenotes no hay paraíso. Nosotros decimos que sin procedimiento de impacto ambiental no debe haber obra”, indicó DMAS al señalar que hoy fueron notificados sobre la admisión del amparo promovido y de la nueva suspensión provisional concedida.

“Se concede a DMAS AC la suspensión provisional para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación -en la ejecución material- de la construcción del Tramo 5 del proyecto Tren maya, que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo”, se cita.

Lo anterior implica que no se permite la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que redunde en la ejecución material del megaproyecto.

Este amparo fue promovido directamente por DMAS, el pasado 27 de abril. En el incidente del Juzgado, se le reconoce su interés legítimo como asociación enfocada en la defensa de derechos humanos a un medio ambiente sano.

Los actos reclamados son la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana, que versan sobre el cumplimiento del debido proceso, y el artículo 4 de la propia Carta Magna, relativo al derecho humano a un medio ambiente sano.

Previo a esto, DMAS obtuvo una medida cautelar provisional, derivada de un amparo promovido por tres espeleólogos, el 24 de marzo pasado. La resolución es de abril, pero aunque se solicitó por el Tramo 5 completo, solo aplica en el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum.

En paralelo, un grupo de ciudadanos obtuvieron también del Juzgado Primero de Distrito, una suspensión provisional que aplica igualmente al Tramo 5 Sur, dentro del amparo 1003/ 2022, quienes demandan su derecho humano a un medio ambiente sano.

Las autoridades reclamadas en ese otro asunto, son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la empresa Fonatur Tren Maya y los ejecutores privados responsables de los trabajos de desmonte y tala de la selva media, en el trazo, sin estudios ni autorizaciones ambientales.

Con estas actividades ilícitas, al carecer de permisos, se está “poniendo en riesgo de producir daños irreparables al acuífero, ríos subterráneos, cenotes, cavernas y cuevas que forman parte del sistema subacuático más extenso e importante del mundo, conocido como Dos Ojos-San Actún; al Sistema Pool Tunich, Sistema San Muul y Sistema Alux, así como al hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, como el jaguar, contraviniendo las disposiciones de la Constitución mexicana, los tratados internacionales y la legislación general y federal”, se indica.

En ese caso, el Juzgado 1 concedió la suspensión para efectos de detener cualquier obra o actividad, pero al igual que sucedió con la demanda de los espeleólogos, negó la suspensión para los actos reclamados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por omisión.

El argumento fue que los quejosos no demostraron ser parte del expediente de denuncia popular presentado ante la dependencia ambiental; sin embargo, los asesores legales presentaron evidencia que muestra que la Procuraduría admitió y acumuló la denuncia popular presentada por los firmantes del amparo, lo cual acredita su interés jurídico.