Enfoque Informativo
De las 64 órdenes de aprehensión que se han librado, se han cumplimentado 33
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), luego que la semana pasada, al presentar su quinto informe sobre las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, expusieron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue “negando y ocultando” información que se le ha requerido al Ejército.
Buitrago acudió junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también preside la Comisión para el Acceso a la Verdad del Caso Ayotzinapa.
Al salir del recinto Encinas sólo expresó que con el mandatario “estuvimos platicando muy bien, luego informamos”. Consultada sobre el reclamo que hizo el GIEI el viernes al no contar con toda la documentación requerida al Ejército, tanto Buitrago como Enancas señalaron: “Estamos trabajando en eso”.
El viernes pasado, en conferencia de prensa para presentar su quinto informe, los integrantes del GIEI detallaron que al Ejército se le ha solicitado la entrega de todos los documentos de monitoreo de conversaciones telefónicas entre elementos del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que realiza el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), ya que dicha información contribuiría a dar con el paradero de los jóvenes, pero los militares niegan incluso la existencia de dicho centro.
Por la mañana de este lunes, el Jefe del Ejecutivo federal también recibió al Fiscal especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Rosendo Gómez, quien en breve entrevista refirió que en días pasados se reunió con los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
También sostuvo que de las 64 órdenes de aprehensión que se han librado, se han cumplimentado 33, sin explicar las razones por las cuales el resto no se han podido cumplir.
Este mes vence el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que desde hace ocho años cuatro meses asumió la investigación del Caso Ayotzinapa como parte coadyuvante de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y tres asesinados en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y este martes 25 presentan su VI y último informe. Ya lo anunciaron: se retiran de la investigación y no buscarán ampliar el plazo de su gestión.
Este grupo, implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue un mecanismo sin precedente en el sistema de la OEA, con facultades para realizar una investigación del orden penal en México. Desde el inicio, según documentos militares revelados a lo largo de los trabajos, enfrentó la animadversión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que consideró que el convenio “no se negoció con el cuidado requerido”, lo que dio pie a que el GIEI hiciera “reclamos absurdos” y “creara controversias”.
Por el contrario, desde el primer encuentro cara a cara con los padres y compañeros de los 43 desaparecidos en la Escuela Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, se ganaron la confianza de este colectivo que atravesaba momentos de desesperación y desconfianza.
A lo largo de los 100 meses transcurridos, solo cuatro años han sido de trabajo efectivo, ya que al finalizar su primer año y publicar su demoledor segundo informe, el gobierno de Enrique Peña Nieto los expulsó del país.
Transcurrieron cuatro años de parálisis para el caso Ayotzinapa. Se perdió mucho tiempo; se extraviaron pistas y evidencias. El colectivo de familiares y amigos de Ayotizinapa continuó, año tras año, exigiendo verdad y justicia a pesar de la cerrazón de las autoridades peñanietistas, que persistieron en su versión de la hoguera de Cocula
En la actual administración, por petición de las familias al presidente Andrés Manuel López Obrador, se renovó el mandato. En marzo de 2020, cuando estaban a punto de reanudar, se atravesó la pandemia. Transurrieron dos años más para que el GIEI, ya con solo cuatro integrantes, no los cinco iniciales, pudiera regresar a México.
Tras enfrentar dos crisis el año pasado, con la Fiscalía General de la República y con la Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj), el GIEI prevaleció un semestre mas, profundizando en nuevos lotes de información, pugnando por romper bloqueos y ocultamientos y analizando nuevamente todo el inmenso expediente bajo las nuevas luces de la documentación desclasificada.
Hasta hoy. Dejan en México importantes logros para las víctimas. Por un lado, al demoler la versión de la incineración de todos los cuerpos, impidieron que se consolidara un relato oficial, falso, que hubiera detenido desde el principio la búsqueda de los normalistas. Demostraron que el ejército no fue ajeno a los hechos de Iguala. Y por último, allanaron el camino para que el ex procurador Jesús Murillo Karam y 10 militares (faltan seis) fueran encarcelados y juzgados.
Lo que no lograron fue que la Secretaría de Defensa Nacional abra el candado que aun mantiene en secreto piezas fundamentales de la investigación y, sobretodo, para la localización de los detenidos.
El grupo de expertos deja México después de ocho años ante la imposibilidad de acceder a los archivos del Ejército para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Entre sus logros destacan la detención de Murillo Karam y el arresto de militares involucrados en el caso Ayotzinapa. La integrante Ángela Buitrago, familiares y derechohumanistas hacen un balance de su labor
La opacidad se impuso en el caso Ayotzinapa. Ante la imposibilidad de obtener nueva información, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos últimos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas en 2014, dejarán de colaborar con el gobierno federal el 31 de julio. Unos días antes, el martes 25, presentarán su último informe.
En entrevista, Buitrago asegura que se les empezaron a cerrar las puertas de las instituciones, sin especificar cuáles. Es cuidadosa de no mencionar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero cuenta que, antes de tomar la decisión de no renovar su estancia en México, se preguntaron si podrían hacer alguna nueva aportación, a partir del 1 de agosto, para ayudar a resolver el caso.
“Precisamente por la misma opacidad [con] que [se] maneja esto. Solamente podríamos aportar [algo más] en la medida en que se cumpla el compromiso que se hizo, de tener toda la información, y toda la información es toda”, subraya vía telefónica la exfiscal colombiana.
“Aquí hay unos nudos de protección muy fuertes, muy fuertes. Vienen heredados [de gobiernos anteriores]. Entonces, puedes generar personas de la administración que hacen un papel muy bueno, pero dentro de las mismas instituciones tienes gente que se recicló”.
Sin dar nombres, Buitrago asegura que esas personas tienen un grado de poder muy importante. “Y hay instituciones, y soy muy neutral, no voy a decir nombres, que son jerárquicamente institucionalizadas y [esas personas] tienen poder y mando, así sean retiradas”.
La detención del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y haber expuesto la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, son logros del GIEI señalados por diversas fuentes consultadas para hacer un balance de su labor, a la vez que perciben en los expertos una disminución de su crítica al gobierno.
