Enfoque Informativo
Ayer por la mañana inició el segundo censo a los damnificados de la unidad habitacional Cantaluna, quienes recibieron la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sus viviendas serían supervisadas a detalle para que se realicen las modificaciones necesarias, además de aquellos que tienen daños mayores, puedan ser reubicados a otras áreas, aseguró la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.
Indicó que se hace un trabajo responsable sobre las afectaciones, de tal forma que se obligue a las empresas que respondan por estas afectaciones como lo marca el convenio firmado con su clientes, como parte de la póliza y que hasta el momento se han negado a cumplir con esa responsabilidad.
Sin embargo, precisó que se tiene que hacer una revisión profunda para que no haya malos entendidos, de tal forma que se repare lo que se tenga que reparar, pero también quien no pueda utilizar sus viviendas sean canalizadas a otras unidades habitaciones, además que el gobierno habilitará los albergues temporales mientras se termina de aplicar el estudio correspondiente.
En ese sentido el secretario de Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se reunieron con las familias damnificadas para atender sus peticiones.
Indicaron que, en cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, ambos servidores públicos inspeccionaron las condiciones estructurales de la Unidad Habitacional para dar seguimiento y buscar una posible solución a las inconformidades de los afectados.
Los damnificados solicitaron la intervención de los gobiernos federal y estatal, para que la empresa constructora se haga responsable y repare los daños o en su defecto reconstruya las viviendas afectadas por el movimiento telúrico de magnitud 7.1, ocurrido la noche del pasado 7 de septiembre.
Arroyo Matus escuchó las inconformidades de los habitantes de dicho asentamiento humano, asegurando que el gobierno del estado coadyuvará junto con la federación en la revisión a fondo del caso, donde se reportaron daños estructurales en más de 600 viviendas.
Por su parte, Velázquez Alzúa, informó que se elaborará un nuevo dictamen por parte del gobierno federal y advirtió medidas legales en contra de las empresas que participaron en la edificación de la Unidad Habitacional Cantaluna.
