Por Alejandro Ortiz
De las más de 100 familias que habitaban, actualmente únicamente quedan 50 personas por los enfrentamientos que han sostenido desde el 2015, con pueblos cercanos adheridos a la CRAC
Desde el pasado 27, 28 y 29 de abril, civiles armados relacionados con la policía comunitaria de la CRAC, han reactivado los ataques armados en contra de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez; el pueblo no tiene actividades escolares desde principios del mes de marzo por el tema de seguridad, denunció el comisario Juan Xochitempa Chávez.
Afuera del Palacio de Gobierno, el comisario junto con familiares de víctimas de desaparición o asesinato los últimos años, debido al enfrentamiento con pueblos cercanos, denunciaron la falta de atención del gobierno y el abandono a San Jerónimo Palantla, lo que ha ocasionado un fuerte desplazamiento y la suspensión permanente de actividades escolares, pues en el pueblo no se cuenta con sistema de internet para clases virtuales.
De acuerdo con el comisario, desde el pasado 6 de marzo las autoridades habían acordado dotar de seguridad permanente al pequeño poblado indígena, ubicado en los límites de Chilapa y el municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), esto luego de la irrupción de un grupo armado que dejó como saldo un vecino muerto, casas y cosechas incendiadas.
“Nos empezaron a atacar desde el 27 de abril y por tres días. Venimos aquí porque el licenciado Francisco (Rodríguez Cisneros), el 6 de marzo nos fue a visitar porque fuimos atacados un día antes. Las autoridades se comprometieron en que nos iban a dejar la seguridad de forma permanente para que no siguieran ocurriendo estos hechos”.
“Hasta la fecha, llevamos más de un mes y la seguridad nunca se quedó”, señaló el comisario y agregó que que el pasado martes se citó a una reunión en San Jerónimo Palantla que encabezaría el propio Subsecretario de Asuntos Políticos y Social, sin embargo el funcionario acudió directamente a los pueblos adheridos a la CRAC que han sido responsables de los últimos ataques.
Se tratan de las comunidades Nuevo Amanecer y Xochitempa, las cuales están relacionadas con los ataques a San Jerónimo Palantla, y a dónde los vecinos del pueblo afectado no pudieron acudir por la misma situación de seguridad, así que fueron excluidos de dicha reunión, “por eso vemos ahora porque queremos la seguridad permanente”.
Durante la protesta se presentaron diversas víctimas a exponer la situación que viven desde el 2015, cuando inician los enfrentamientos armados; por un lado San Jerónimo Palantla acusa a la CRAC de diversos hechos de violencia y por otro lado la CRAC responsabiliza de la misma situación a Palantla.
Paula Calvario Merino, narró que su esposo, José Abundio Bolaños desapareció desde el 2022, luego de haber acudido a Chilapa de Álvarez con su camioneta pasajera; la camioneta de la víctima fue localizada cerca de la comunidad de Alcozacán pero el vecino de San Jerónimo nunca fue localizado y hasta el día de hoy se desconocen las acciones de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
“Hasta ahorita no sabemos nada, no sabemos si lo mataron o dónde lo fueron a tirar, lo único que encontraron fue su camioneta cerca de San Marcos (comunidad de Chilapa)”.
Por su parte, Margarita Martínez Simona clamó justicia por sus asesinados en 2015 y 2016. Se tratan de su cuñado y su hijo, que fallecieron por ataques relacionados con el grupo comunitario armado que opera cerca de la zona.
En 2015 su cuñado fue asesinado durante la irrupción de presuntos policías comunitarios en la comisaría de San Jerónimo, un año después uno de sus hijos fue secuestrado, presuntamente por el mismo grupo de personas, y posteriormente hallado muerto en una barranca; a pesar de que existen órdenes de aprehensión estas no han sido liberadas por parte de las autoridades.
Dicha situación de inseguridad que prevalece en la zona, ha ocasionado el desplazamiento de decenas de familias, el último caso ocurrió el 5 de marzo tras una nueva irrupción de civiles armados en Palantla; al menos 10 personas entre ellos algunos de los policías locales, tuvieron que irse del poblado para proteger sus vidas.
Benancio Tepescoa, narró que luego del asesinato de una persona el 5 de marzo pasado, los civiles armados que llegaron con ropa camuflada tipo militar, incendiaron su vivienda así como un aproximado de 20 hectáreas de maíz, que pobladores usan para venta y autoconsumo.
“Nos tuvimos que salir como días desplazados con todo y niños. Quemaron mi maíz, mi frijol (…) a mi mamá también la mataron (años atrás), y queremos preguntarle al gobierno cuándo nos van a atender porque tampoco nos han apoyado con las viviendas para los desplazados”.
