Enfoque Informativo
El diputado Bernardo Ortega Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una Agencia del Ministerio Público adscrita a la Comisión de los Derechos Humanos de la entidad, que conozca e investigue delitos relacionados con la violación a las garantías individuales por parte de servidores públicos.
En la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia, el legislador promovente externó que en Guerrero, antes de la reforma integral al marco constitucional de 2014, se señalaba en el artículo 76 bis la existencia de la comisión en mención, figura que ha desaparecido.
Indicó que tal situación debe generar preocupación, ya que al no existir esta figura ocasiona falta de atención específica en materia de derechos humanos por parte de las autoridades estatal y municipales, e impide la consolidación de un país y un estado que garanticen uno de los componentes fundamentales, que es el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.
Agregó que para lograr este anhelo se debe trabajar en la legislación local e impulsar esfuerzos encaminados a establecer un sistema de procuración de justicia que proteja, respete, promueva y garantice los derechos humanos, dando cumplimiento a los estándares de los tratados internacionales que México ha ratificado, y que obligan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a incorporar la perspectiva de la protección más amplia de los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, refirió que con la incorporación al texto constitucional de los nuevos preceptos del “debido proceso” y la presunción de inocencia, México garantiza el respeto de los derechos humanos a las víctimas y al inculpado, como herramienta fundamental del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Expuso, además, que los derechos quedan garantizados mediante la aplicación de la nueva Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas, que proveen un sistema integral y transversal de garantías a los ciudadanos y a las víctimas, acción que se debe reforzar con la creación de una Agencia del Ministerio Público adscrita a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.
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