Enfoque Informativo
Con la iniciativa presidencial, las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios sin sentencia podrán ejercer sus derechos político-electorales
Las personas que están dentro de las cárceles y reclusorios de México bajo prisión preventiva oficiosa podrán ejercer su voto para las elecciones federales de 2024, esto gracias a la Reforma Electoral recientemente aprobada que les garantiza el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.
Este domingo 18 de diciembre el Senado de la República publicó un estudio realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), mismo que refiere que desde 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar y dicho derecho debe ser garantizado en las próximas elecciones presidenciales.
Además, la investigación titulada Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados, elaborada por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón, destaca que, a partir de esto, el Instituto Nacional Electoral (INE), se vio obligado a realizar una prueba piloto para conocer el impacto que esto podría ocasionar.
En consecuencia, durante el proceso electoral de 2021, el INE aplicó una prueba en cinco Centros Federales de Readaptación Social, en el que se alcanzó una participación del 94.53% de las personas privadas de la libertad. Por lo que se llegó a la conclusión que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención, que permitan implementar procedimientos electorales y generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas presas.
Cabe destacar que las personas privadas de su libertad en los centros penitenciales de México bajo prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada como medidas cautelares no pueden ser objeto de la pérdida de sus derechos políticos-electorales, pues la responsabilidad de los presuntos delitos que se les investiga no ha sido comprobados.
Asimismo, se estima que cerca de un 40% de las poblaciones carcelarias en México no cuentan con sentencia, esto a la aplicación oficiosa de esta medida cautelar en un catálogo amplio de delitos suscritos en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Por otro lado, Gabriela Sodi Miranda, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien impulsó una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad verá su propósito también garantizado con la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Pues con esta iniciativa, las personas que requieran de asistencia para poderse mover por cualquier tipo de discapacidad podrán ejercer su sufragio, esto porque el INE también estará obligado a garantizar plenamente sus derechos políticos-electorales.
De este modo, la reforma electoral de AMLO, que se aprobó gracias al llamado Plan B y la mayoría de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, PVEM). Cabe recordar que el Plan B del presidente López Obrador se pudo aprobar gracias a que no modifica la Constitución , pues sólo modifica leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y expidió la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Con esta iniciativa, el gobierno federal espera conseguir ahorros de 5 mil millones de pesos, donde la mayoría (alrededor de 3.5 mil millones), será aportada por el INE, mientras que el resto será por los otros organismos electorales de México, ya que se busca una homologación en actividades que desaparezca la duplicidad de funciones, como la existente entre los Organismos Públicos Locales (OPLEs) con el Instituto que dirige Lorenzo Córdova.
