Por: Juan José Romero
En los 18 distritos judiciales, se requiere habilitar espacios con salas de oralidad, para proporcionar a la sociedad la atención que requiere
Para poder transitar de la modalidad tradicional a los juicios orales, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requiere de una inversión de mil 500 millones de pesos, para habilitar espacios adecuados y capacitar al personal, por lo que en su propuesta de presupuesto para el 2024 pide un incrementando de 700 millones de pesos, aseguró el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Raymundo Casarrubias Vázquez.
En entrevista el funcionario estatal precisó que en los 18 distritos judiciales, se requiere habilitar espacios con salas de oralidad, para proporcionar a la sociedad la atención que requiere, con base en el nuevo sistema.
Informó que a partir de este año, se emitió el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que obliga a los gobiernos, federal y de los estados adoptarlo a más tardar durante el 2027, para entonces, en los 18 distritos judiciales de Guerrero se deberá contar, tanto con las salas orales, como con el personal capacitado.
En el país la ley establece que los estados a más tardar, en abril del 2027, deberán cumplir, por lo que Guerrero deberá habilitar instalaciones adecuadas, “para eso necesitamos presupuesto”, dijo.
Derivado de lo anterior, propone un incremento presupuestal de 700 millones de pesos, “si cada año le invertimos, para el 2027 estaremos cumpliendo con la meta que se nos establece”.
Casarrubias Vázquez aseguró que los profesionistas que más se demandará, son jueces para la atención de las salas orales. “antes era fácil contar con un sólo juez y varios secretarios, ahora nuestra demanda ha cambiado”, con base en la modificación de la legislación, indicó.
En presidente del TSJ informó que el pasado viernes egresaron de la Escuela Judicial de Guerrero, 77 especialistas, entre los profesionales, la primera doctora en Derecho Judicial Penal Acusatorio, Maestras y Maestros en Derecho Judicial Penal Acusatorio, Maestras y Maestros en Mediación y Conciliación y especialistas en Género e Interculturalidad.
Agregó que todos son trabajadores del Poder Judicial del estado, y que forman parte del proceso de innovación y capacitación que comenzó desde el 2021, con una matrícula de 87 alumnos, mismo que hoy ha incrementado con 478 estudiantes.
