Alejandro Ortiz

Cientos de pobladores de cuatro localidades del municipio de Juan R. Escudero, junto con un centenar de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios – Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), marcharon en Ayahualtempa en demanda de seguridad para la región.

Al filo de las 11 de la mañana, los manifestantes partieron en marcha desde la cancha de Ayahualtempa, en el centro de la comunidad, hacia la carretera estatal Chilapa-Hueycantenango.

La marcha tenía como objetivo primordial, llegar al módulo de seguridad de la Policía Municipal de Hueycantenango, para retirarlos del lugar, ya que acusan a esa corporación de distintos hechos de violencia; sin embargo al llegar al retén, únicamente había agentes de la Policía Estatal.

Las cuatro localidades, que conforman un solo núcleo agrario, pidieron la instalación de dos módulos de seguridad del Ejército Mexicano en los entronques de las comunidades de Tlachimaltepec y Los Postes

“Sino hace justicia el gobierno federal, el gobierno estatal, se van a levantar en armas los niños”, advirtió uno de los voceros de la policía comunitaria.

Un centro de salud, maestros de secundaria, y construcción de aulas en los poblados, son otras de las demandas de los habitantes y la CRAC-PC-PF.

También pidieron la salida de la Policía Municipal de los filtros de seguridad, ya que aseguran que la corporación ha hostigado a los habitantes de Ayahualtempa, e incluso levantaron a un vecino de ese poblado el pasado 11 de diciembre, frente al ayuntamiento de Hueycantenango.

La Policía Comunitaria denunció que la Policía Municipal de Hueycantenango se encuentra infiltrada por el grupo delictivo de Los Ardillos, y de ahí vienen las represalias contra pobladores de Ayahualtempa que optaron por levantarse en armas para defenderse.

“Desde el mes de julio del 2019, hasta la fecha, han sido levantados 10 vecinos de Ayahualtempa en distintos hechos”, denunció Luis Morales, integrante del Consejo Comunitario del poblado.

Los manifestantes dieron ocho días de plazo a los distintos órdenes del gobierno para la atención de las demandas, o de lo contrario advirtieron que los niños y niñas comunitarias, se alzarán en armas para tomar la seguridad de la zona, junto con la CRAC-PC-PF.

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