Por Fernando Hinterholzer Diestel
Hace unos días, conocimos las terroríficas cifras que existen más de 100 mil personas desaparecidas en México.
Las ONG`s y personal experto en el tema aducen que la estadística oficial está subestimada, es decir, hay muchos más que los reportados. La desaparición forzada es una de las condiciones más espantosas, a la que se pueden enfrentar las familias mexicanas. En el país, existen más de cien mil familias que sobreviven con el optimismo de localizar a su familiar desaparecido, lamentablemente mientras pasa más tiempo, la posibilidad de que estén muertos se acrecienta, el gran dolor que no tener con un lugar donde ir a llevarle un ramo de flores, hace de la espera una agonía.
No es posible imaginarse algo más penoso y, por tanto, insufrible para las familias. Las cifras de la época de la 4T, muestran que desaparecen 25 personas diarias, si se consideran solamente lo ocurrido durante el 2022, la cifra se eleva a 27. El horror atenta contra a las familias mexicanas. Las más de 100 mil personas no localizadas en México desde 1964 a la actualidad, representan una despiadada realidad que harían desmerecer a las crónicas más infaustas de la región. Los desaparecidos en México representan más tres veces que lo que alcanzo la dictadura militar en Argentina, durante los años 1976 a1982, y también rebasan a los sufridos por la violencia en Colombia. La tercera parte de las personas ausentes, más de 31 mil, sucedieron a partir del inicio del gobierno de la 4T, a finales del 2018, con lo que la presente administración se convertirá en la más terrorífica en ese rubro, más elevada que la cifra e desaparecidos durante la Guerra Sucia en Guerrero.
Habría que reconocer sin embargo, que el actual gobierno, al contrario de sus antecesores, empieza a reconocer la gravedad de la situación sin embargo, falta aún poner en marcha las acciones preventivas para evitar las personas desaparezcan. También insistir, en que la búsqueda de los desaparecidos es siempre llevada a cabo por los familiares y organizaciones de la sociedad civil, que de hecho casi no reciben apoyo de ninguno tres órdenes de gobierno. Cuando oímos que “el gobierno cuida la integridad de los criminales, como los que han acabado con la vida de otros seres humanos y los han enterrado para complicar la localización de sus restos”, “esto resulta una mentada de madre” para los familiares de las víctimas.
Cuando revisamos las estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda, resulta aún más estremecedor que la estadística de 100 mil desaparecidos, materializada hace unos días, resulte que tres de cada cuatro mujeres víctimas de desaparición tenían entre 10 y 24 años de edad cuando las levantaron. Con esta cifra dura llegamos a la deducción de que en nuestro país opera un gran negocio derivado de la trata de personas. Mientras el gobierno festeja el descenso del número de homicidios dolosos, de un promedio diario 95 en 2019 a 86 al primer trimestre del 2022, lo cual es una cifra de horror, el de las desapariciones va en aumento constante. No puede haber reconstrucción del tejido social mientras los mexicanos sigamos “apanicados” cuando algún miembro de su familia salga a la calle, o vayan de noche a divertirse, y ya no regresen.
El gobierno claramente contar con un presupuesto mucho más generoso, para encontrar a los desaparecidos. La Comisión Nacional de Búsqueda (asfixiada por un estúpido austericidio) cuenta un presupuesto de 747 millones de pesos anuales, mismo que resulta claramente insuficiente para resolver el tamaño del problema. Se requieren mucho más apoyos y recursos financieros, materiales y humanos para coadyuvar con las víctimas y poder localizar a sus familiares. Es penoso observar cómo este Gobierno gasta presupuestos millonarios de dinero en “obras insignia” (aeropuertos sin vuelos, refinerías obsoletas, trenes que no llegaran a ningún lado y acaban con la selva maya) y no le destinan recursos a una actividad clave que sólo el Estado puede llevar a cabo. La tarea de buscar y localizar personas, misma que no puede ser realizada ni por agentes privados ni por asociaciones de la sociedad civil.
La crisis de los desaparecidos se ha recrudecido en estos 3 años y meses del gobierno de López Obrador. Los números crecen vertiginosamente. Y los mexicanos nos preguntamos, por qué el rezago en la implementación del llamado Mecanismo de Identificación Forense, no tienen dinero, o no les interesa que se resuelva este problema, o de plano les gana la estulticia.
A finales del año pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitó y recorrió Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz y su reporte incluyo: “se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, ‘(imperan) la impunidad y la revictimización’”. “Las personas con las que conversamos nos transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades. Nos han señalado que día a día en su búsqueda de respuestas y justicia son víctimas de la indiferencia y la falta de avances. “Cada uno de estos casos es un drama humano indescriptible. Sus dimensiones son tales que están dejando huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto”. (Fuente ONU Comité contra la Desaparición Forzada).
Vivimos tiempos muy complicados y somos incapaces de no reaccionar y realizar acciones para cambiar las cosas. Abandonamos a las madres buscadoras porque no son parte de nuestra familia. Esto representa un retroceso de la sociedad o tal vez pensemos, bajo el discurso de odio cotidiano, que algo habrán hecho. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhorto al gobierno mexicano a “detener a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Los organismos vinculados con el reporte de desapariciones también lo exhortaron al gobierno de la 4T, a abandonar la militarización de la seguridad pública porque favorece la violación de esos derechos. Cien mil mexicanas y mexicanos desaparecidos, un número que no llega a discernir el tamaño de nuestra tragedia, el dolor de las víctimas que dejan todo para buscar una respuesta que muchas veces sólo se nutre con la esperanza.
Es cuanto
ADENDDUM: complicada la espiral de violencia que se vive en san Cristóbal las Casas, tal parece que el alcalde verde, empleado del cleptocrata Manuel Velazco no puede ni podrá con el paquete. Ojala que no dejen de llegar turistas a la Ciudad Real.
