Por Juan José Romero
El diputado Robell Urióstegui Patiño, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, hizo un llamado en tribuna para que el crimen del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien fuera privado de la vida “se resuelva a través de la verdad y la justicia”.
En la sesión que estuvo envuelta de luto, Urióstegui Patiño enfatizó la importancia de evitar juicios apresurados sobre las filtraciones relacionadas con la investigación del crimen de Alejandro Arcos; estas acciones, dijo, “son irresponsables y malintencionadas, revictimizando al alcalde en un momento de profunda tragedia”, expuso en tribuna.
Previamente, las y los diputados de la 64 Legislatura guardaron un minuto de silencio en memoria de Arcos Catalán.
Robell Urióstegui puntualizó que el Grupo Parlamentario del PRD otorga un voto de confianza a la estrategia de seguridad presentada por el secretario Omar García Harfuch, “esperando que se implementen las acciones necesarias para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero”.
El legislador perredista recordó a Alejandro Arcos Catalán, como un hombre de bien que trabajó incansablemente por su comunidad, el cual, dijo, “fue asesinado siendo un promotor por la paz”.
Y agregó: “Hoy, quienes compartimos su visión y deseo de hacer de Chilpancingo un municipio próspero, lloramos su partida”, expresó el diputado Urióstegui Patiño.
A la vez que cuestionó: “Ante la parsimonia del Estado y de la Federación, él se cuestiona: ¿por qué arrebatarle la vida? ¿Por qué truncar un proyecto que buscaba el bienestar del pueblo de Chilpancingo, que anhelaba la paz y el desarrollo?”.
El diputado también reflexionó sobre la falta de atención de las autoridades hacia las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, señalando que no se trata de culpar a Alejandro por su trágico destino, sino de cuestionar la seguridad y el bienestar que merecemos todos los guerrerenses.
“Hoy, en Chilpancingo, los guerrerenses estamos de luto. Cualquier acto que vulnere la integridad física de una persona debe ser sancionado por la autoridad gubernamental. Cuando se priva de la vida a una persona, el Estado está obligado a otorgar justicia a los familiares y a la sociedad”, concluyó el diputado perredista
