Por Jorge Romero Rendón
Una licitación amañada en la Secretaría de Salud Guerrero (SSa) creó un caos en la atención médica que prestan los 67 hospitales y clínicas públicas del estado, al obligar a los enfermos y sus familias de escasos recursos a obtener y pagar altos precios de análisis clínicos en centros privados, luego de que el concurso llevado a cabo para subcontratar ese servicio se adjudicó a una empresa constructora que no cuenta con los equipos ni la experiencia necesaria, desechando las propuestas de otras empresas especializadas, por un botín de 174 millones de pesos.
Los análisis clínicos que se hacen a miles de pacientes en las unidades médicas de todo el estado son aplicados por una empresa privada que es subcontratada para operarlos desde hace varios años, pues resulta más barato debido a que los equipos especializados los aporta esta en comodato –una forma de arrendamiento- y no tienen que comprarse por parte del gobierno estatal, que tampoco tiene la capacidad financiera para hacerlo.
Por varios años, el servicio de análisis clínicos lo ha dado la empresa DICIPA, S.A. de C.V. en todos los hospitales y clínicas, sin problemas. Pero en la más reciente licitación –diciembre del año pasado- le fue adjudicado el contrato de forma sorpresiva a una empresa del ramo de la construcción (MAW, Asociados, S.A. de C.V.), que no tiene el equipo ni a experiencia para ofrecerlo, y al iniciar este año sucedió lo que nunca había pasado: ninguna unidad médica tuvo la capacidad para atender a los pacientes y se generó el caos, pues los médicos pidieron a los enfermos y a sus familiares que buscaran dónde hacerse los análisis clínicos para poder evaluar su estado de salud, a pesar de que se trata de personas de escasos recursos que tuvieron que deambular por varios negocios privados para obtener el servicio que, en casos de pruebas especiales tienen un costo de miles de pesos.
Para subsanar el problema, las autoridades de Salud estatal pidieron a la empresa DICIPA que siguiera operando los análisis clínicos unas semanas, “en lo que se compran los equipos necesarios para que los opere la otra empresa”. Y aunque se llegó a un arreglo, este ha sido insuficiente, y el desorden continúa afectando a enfermos y familiares en varias unidades médicas. Un problema que ha sido silenciado por las autoridades bajo amenaza de no otorgar el servicio médico a quien se queje públicamente…
Una sospechosa licitación…
A pocas semanas de tomar posesión los nuevos funcionarios del gobierno estatal de Morena, la SSa publicó la Convocatoria a Licitación Pública Nacional LA-912007999-E25-2021 para la subcontratación de tres servicios que se adjudican de esa manera anualmente mediante concurso a empresas privadas, que es un procedimiento que se lleva a cabo desde hace varios años: “Servicios de laboratorio por prueba realizada en modalidad de comodato con sistema informático y suministro de insumos (análisis clínicos); banco de sangre para procesamiento y certificación de hemocomponentes; y tomografía computarizada, para las unidades médicas de la Secretaría de Salud Guerrero y Servicios Estatales de Salud”.
Una vez revisadas las propuestas de las empresas participantes, el 23 de diciembre pasado se emitió el fallo definitivo en un acto encabezado por el subdirector de Recursos Materiales de la SSa, Jesús Antonio Aparicio Calvo, en base al Dictamen emitido por los funcionarios de Salud: Humberto Fernando Soto López, subsecretario de Administración y Finanzas; Jesús Ulises Adame Reyna, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades; José Reyna Gómez, jefe de Adquisiciones; y Xóchitl Figueroa Flores, encargada de Servicios de Segundo Nivel. Al acto de la lectura del fallo asistieron también representantes de las contralorías interna de la SSa y e la estatal.
El Dictamen estableció los criterios técnicos y el costo económico evaluados en las propuestas de las empresas para justificar su decisión, adjudicando los análisis clínicos a la empresa MAW Asociados, S.A. de C.V., por un monto mínimo de 149 millones 791 mil 511 pesos, y un monto máximo de 174 millones, 744 mil 169 pesos.
El Banco de Sangre para Procesamiento y Certificación de Hemocomponentes se adjudicó a DICIPA, S.A. de C.V. por un monto mínimo de 5 millones 504 mil 200 pesos, y un monto máximo de 7 millones 999 mil 926 pesos. Mientras que el contrato de la Tomografía Computarizada se le otorgó al Grupo Comercializador TISPA, S.A. de C.V., por un monto mínimo de 21 millones 894 mil 885 pesos, y un monto máximo de 48 millones 757 mil 69 pesos.
En el papel todo había quedado aparentemente en orden el 23 de diciembre, hasta que en enero se destapó el caos…
“Órdenes de muy arriba…”
Primero, porque la empresa MAW no pudo hacerse cargo del servicio de los análisis clínicos, debido a que su giro principal es la construcción. No tenía los equipos ni el personal ni forma de atender la demanda, por lo que los funcionarios de la SSa tuvieron que recurrir a DICIPA “por unas semanas”, en lo que la otra empresa subsanaba sus carencias.
Esto ha ocasionado graves problemas, porque por un lado implica hacer un gasto millonario para pagarle a DICIPA fuera de presupuesto, y por otro, porque se tendrían que comprar equipos que antes la empresa original aportaba en arrendamiento.
Un gasto doble, que sin embargo no está resolviendo el problema, pues en varias unidades médicas se ha detectado que ante la carencia del servicio, los médicos piden que los enfermos se hagan sus análisis en negocios privados y cubran el costo, aún cuando se trate de gente pobre, o tengan que trasladarse a lugares lejanos –sobre todo en el medio rural o suburbano- para obtenerlos, con el consiguiente perjuicio a la salud y la economía de los pacientes.
Un médico que pidió el anonimato considera que “esto puede convertirse en un problema de salud pública, ya que sin los análisis pueden generarse errores de diagnóstico, y si se retrasan por los problemas que las familias puedan tener para obtener y pagar los análisis por su cuenta, los tratamientos pueden retrasarse también y afectar la supervivencia de los enfermos”.
El problema no es menor, porque en unos días DICIPA dejará de prestar el servicio debido a que no le corresponde por habérsele retirado el contrato que tuvo por años dando un servicio de buena calidad y aportando sus propios equipos. Y aún es una incógnita saber si MAW podrá hacerse cargo de adquirir y operar equipos e insumos para una actividad que no es la suya.
Porque, de acuerdo con un especialista en la materia, “la posibilidad de que la empresa ganadora (MAW) pueda atender el servicio de laboratorio es prácticamente imposible sin el apoyo de alguna de las empresas especializadas, no sólo por la complejidad de instalar los equipos, sino sobre todo por la operación para surtir cada mes a los hospitales los reactivos para hacer los análisis –además de su costo-, y el hecho de que las marcas de los equipos no se venden a quienes que no son distribuidores de empresas como Instrumentos y Equipos Falcón, DICIPA, IMPROMED, CENTRUM o Génesis Healthcare Advisors”.
En el fondo, como ha trascendido en la SSa, la decisión de entregar el contrato a una empresa sin experiencia y sin medios para cubrir el servicio de análisis clínicos, “se tomó por órdenes de muy arriba”, por una cuestión de amistad personal entre uno de los socios de MAW y un alto funcionario del gabinete que se está haciendo cargo de los negocios ligados a adquisiciones, licitaciones y obras públicas, y al parecer controla el tema de las finanzas y a los funcionarios que manejan el presupuesto en las diversas áreas del gobierno estatal, “en las que no interviene el senador con licencia Félix Salgado Macedonio”.
Por lo pronto, mientras los responsables de todo el lío aseguran que “todo está bajo control”, en la realidad el desorden amenaza por convertirse en un problema social y político de consideración, innecesariamente…
