Enfoque Informativo
En poco más de un año, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE abrió al menos 200 Procedimientos Especiales Sancionadores en contra de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard acumulan casi 200 expedientes de investigación en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), derivado de cientos de quejas y denuncias por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña presentados por ciudadanos, legisladores y partidos de oposición.
El senador Ricardo Monreal también figura entre los aspirantes a la presidencia a quienes se investiga por presuntas faltas a las leyes electorales, pero con menos de una decena de asuntos en los que se le involucra.
En la carrera por la candidatura presidencial de Morena, el proceso de revocación de mandato de 2022 fue el detonante: con el pretexto de promover la participación de la ciudadanía en el ejercicio para “ratificar” al presidente Andrés Manuel López Obrador, las llamadas “corcholatas” intensificaron su actividad para posicionarse rumbo al 2024.
Durante el proceso de revocación de mandato (enero-abril de 2022), el INE y el Tribunal Electoral las involucraron, junto con gobernadores y legisladores de Morena y el propio presidente, en decenas de expedientes y varias veces fueron llamadas a respetar la ley, pues todos los funcionarios públicos estaban impedidos de hacer campaña.
Después de la jornada de revocación, del 10 de abril de 2022 (en la que Morena logró movilizar a 16.5 millones de personas a las urnas), Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal pisaron el acelerador: crearon equipos de campaña, nombraron coordinadores a nivel nacional, estatal e incluso municipal; dejaron que su nombre apareciera en bardas y en anuncios espectaculares; contrataron equipos de expertos para posicionarse en redes sociales, y ahora encabezan mítines multitudinarios los fines de semana, utilizando sus cargos públicos para alentar su aspiración presidencial.
Las llamadas “corcholatas” de Morena se convirtieron en un dolor de cabeza para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE (UTCE-INE), autoridad que ha iniciado alrededor de 200 Procedimientos Especiales Sancionadores a partir de más de mil quejas interpuestas por partidos y ciudadanos en contra de las y los presidenciables, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.
Con sus actos proselitistas, han provocado que cada semana se les acuse de violar la Constitución; sin embargo, la autoridad electoral solo ha podido aprobar medidas cautelares en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consistentes en apercibimientos, ya sea para bajar contenidos de sus redes sociales o para deslindarse de la promoción que “otros” hacen de su figura.
De acuerdo con las leyes electorales vigentes, la UTCE poco puede hacer para detener el abierto proselitismo de las “corcholatas”, pues el proceso electoral federal 2023-2024 ni siquiera ha comenzado.
Cuando recibe una queja, la acumula en un expediente que es investigado y llevado a la Comisión de Quejas, integrada actualmente por las consejeras Claudia Zavala (presidenta de la comisión) y Rita Bell López y el consejero Jorge Montaño.
Con base en el expediente de la UTCE, la comisión puede, o no, otorgar las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, y remitir el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargado de resolver el fondo; es decir, declarar ilegal el acto impugnado.
Aun en el caso de considerarlo ilegal, las sanciones del tribunal consisten en dar vista al superior jerárquico: el presidente de la República, en el caso de secretarios de Estado; el Congreso local de la Ciudad de México, en el caso de la jefa de gobierno, o el Senado, en el caso de Monreal.
Según los expedientes de la UTCE-INE, entre mayo de 2022 y abril de 2023, se iniciaron 214 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) por múltiples quejas interpuestas en contra de aspirantes a la presidencia.
De esos procedimientos, 199 se abrieron para investigar acciones de posicionamiento o presuntos actos anticipados de campaña de los morenistas (solo en nueve se involucra a Monreal), y 15 en contra de aspirantes de PRI, PAN, PRD y MC.
