Enfoque Informativo

  • Encinas dijo que en la investigación que encabezó el exprocurador Jesús Murillo Karam hubo una actuación concertada desde el más alto nivel del poder, por lo que se debería investigar.

La “verdad histórica” se diseñó en las reuniones que funcionarios involucrados en la investigación sostuvieron en la Presidencia de la República, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas.

Encinas dijo que en la investigación que encabezó el ex procurador Jesús Murillo Karam hubo una actuación concertada desde el más alto nivel del poder, por lo que se debería investigar.

“Cuando señalamos que la ‘verdad histórica’ se diseño en los más altos niveles del Gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, afirmó.

“Es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.

El funcionario reprobó las afirmaciones que aseguran que el Informe de la Comisión que encabeza no aportó nuevos elementos a la investigación que realizaron Murillo Karam y su equipo, recordando que esa indagatoria se basó en la tortura y la violación de derechos humanos.

Encinas dijo que la “verdad histórica” sirvió para encubrir a los responsables y entorpecer la investigación, dificultando el acceso a la justicia.

“La verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena de crimen. Nosotros no torturamos a absolutamente nadie”, dijo.

“No solamente se trata de la desaparición de los estudiantes en donde se conjugan cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, propició la impunidad de los perpetradores y los encubridores de estos hechos”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación rechazó que la investigación se haya basado en una sola fuente, como han afirmado críticos, sino en al menos 13 fuentes, entre las que destacó a la Segob, Sedena, Semar, SSPC, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, Fiscalía de Guerrero, FGR, informe del GIEI, Centro GEO de Conacyt, CNDH ,Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y testimonios de 115 personas.