Por Luis Eduardo Olea Camacho
Es la mañana del 27 de noviembre de 1978 en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos. Harvey Milk, supervisor de la ciudad (cargo equiparable al de regidor municipal en México) y quien fuera el primer representante popular electo perteneciente a la comunidad LGBTTIQ+ en Estados Unidos, llega a su oficina en el Ayuntamiento de la ciudad.
Hoy parece un día más en la vida de Milk, cuya carrera política va en ascenso. Recientemente había tomado liderazgo a nivel nacional después de conseguir que la comunidad LGBTTIQ+ de California se organizara para combatir la aprobación de la Iniciativa Briggs, una iniciativa que pretendía que los maestros gais, así como todo empleado público de las escuelas que defendiera los derechos de los homosexuales, fuera despedido; empero, tan pronto acceder a su oficina en el Ayuntamiento, un emisario del destino tocaría su puerta.
Días previos a la fatídica mañana del lunes 27 de noviembre, un compañero supervisor del Ayuntamiento había dimitido. Daniel White, quien dimitiera el 10 de noviembre de dicho año, deseaba regresar a su cargo. Legalmente hablando, White tenía el derecho de retomar su nombramiento de supervisor; sin embargo, por negociaciones del Alcalde Moscone y del propio Milk, en próximos días iba a ser anunciado que White no podría regresar al papel de supervisor. Lo anterior debido a que White poseía un historial de conflictos con Milk al oponerse al reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTTIQ+ y a que el Alcalde Moscone apoyaba a Milk debido al creciente apoyo hacia la comunidad en San Francisco, lo cual le ayudaba a su búsqueda de la reelección a la alcaldía.
Esta mañana, White le pide una reunión a Milk para poder platicar con él en su antigua oficina. Harvey, al desear llevar la fiesta en paz con White y al no conocer que previamente White había asesinado al Alcalde Moscone, lo acompaña. Tan pronto llegar a la oficina del ex supervisor White, este último saca una pistola y con cinco tiros termina con la vida del primer representante de la diversidad electo democráticamente en Estados Unidos.
Similar a Harvey Milk, diversos miembros de la comunidad LGBTTIQ+ han sido asesinados a lo largo de la historia en diversas partes del mundo debido a prejuicios discriminatorios. Simplemente, y de acuerdo con datos recogidos por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas perteneciente a Transgender Europa, entre el año 2008 y septiembre de 2022 murieron asesinadas 4 369 personas trans en todo el mundo. Además, en pleno siglo XXI siguen existiendo restricciones a los derechos de estas personas, plasmadas en las leyes de diversos países. Ejemplo de esto es que en África las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en 32 de los 54 países de dicho continente. De igual manera, en países europeos como en Hungría, se han aprobado leyes en contra de la comunidad. En este país, en el año 2021, fue promulgada una ley para prohibir hablar sobre la homosexualidad en las escuelas y los medios de comunicación.
En México, de acuerdo con datos del INEGI del 2021, se estima que en nuestro país el 5.1% de la población de quince años de edad en adelante se asume como parte de la comunidad LGBTTIQ+ debido a su orientación sexual y/o por su identidad de género; esto es, que 5 millones de los 97.2 millones de mexicanos que se encuentra en este campo de edad es parte de la población que pertenece a la diversidad sexual.
Si bien en nuestro país ha habido avances importantes en la inclusión y promoción de los derechos de la gente de la comunidad, la violencia ha estado presente como uno de los principales males que aqueja a este sector de la población. Sí, hoy en diversas entidades del país la comunidad cuenta con representación política y con cuotas que aseguran el pleno ejercicio de su derecho a votar y ser votados; sin embargo, la violencia ha aumentado y esto se ve reflejado en que los asesinatos de las personas de la comunidad LGBTTIQ+ a causa de su orientación sexual y/o su identidad de género aumentaron un 11.54% del año 2021 al año 2022 de acuerdo con cifras oficiales. Peor aún resulta que en el año 2022, de los 87 asesinatos de odio detectados, la autoridad sólo encontró a 20 presuntos responsables: 11 de ellos se encuentran vinculados a un proceso penal, 6 de ellos se reportan como detenidos, 2 más en prisión preventiva y 1 más como prófugo.
Nuestro país tampoco ha estado exento de que las víctimas de estos delitos de odio sean defensores en materia de derechos humanos. En los últimos cuatro años fueron asesinadas 26 personas promotores de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+. Al nombre de Harvey Milk en Estados Unidos se le suman México nombres como los de Agnes Torres, Rubén Estrada, Roberto Vega, Oscar Cazorla, Valentina Ferrety, entre muchos otros más.
El último nombre en sumarse a esta lista de activistas por la diversidad sexual es el de Ulises Nava Juárez. Conocido por sus amigos como “Uli”, era el encargado del Departamento de la Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero y quien fuera asesinado el 16 de julio del presente año en Aguascalientes. A un mes del asesinato de “Uli” no sólo no se ha hecho justicia, sino que las declaraciones de las autoridades han buscado establecer que su asesinato fue a causa de una venganza personal y que no fue un crimen de odio.
¿Realmente “Uli” fue asesinado por una venganza personal cuando, en los hechos, fue acribillado fuera de donde se realizaban las actividades del Primer Encuentro para la defensa de la cuota arcoíris organizado por la Magistrade Jesús Ociel Bahena Saucedo? ¿Quién tendría un deseo de venganza tan fuerte y los medios para asesinar a alguien en una entidad diferente a su lugar de origen? ¿No será que, cómo sucede comúnmente, las autoridades no quieran admitir que fue un crimen de odio? ¿Será que Ulises será uno de tantos casos que son cerrados sin encontrar un presunto culpable?
Contestar cualquiera de estas preguntas con afirmaciones absolutas no sólo es imposible, sino que es hasta peligroso. Lo que si se puede señalar es que el Fiscal de la entidad, Jesús Figueroa Ortega, así como el Secretario de Seguridad Pública Manuel Alonso García, ya establecieron que esa es la línea de investigación bajo la que trabajaran. Por otra parte, también se tiene que señalar que a pesar de que ha sido una noticia relevante a nivel nacional y en más de una entidad federativa, los medios locales casi no hablaron de lo ocurrido el 16 de julio.
El asesinato de “Uli”, más allá de demostrarnos que las autoridades prefieren callar la verdad y que el sistema tiene deficiencias estructurales que no permiten que la comunidad LGBTTIQ+ viva una vida libre de violencia, se tiene que convertir en un llamado a la acción para que todos aquellos que son parte de la diversidad sexual alcen la voz en contra de las injusticias que viven. Aunque la violencia en contra de este sector se encuentre en aumento, si el movimiento no se une en una voz de exigencia las autoridades no actuarán para respetar y defender los derechos de este grupo que ha sido vulnerabilizado. Que el miedo se quede en el armario y el valor salga a las calles a exigir justicia, porque como dijo una vez Harvey Milk: “si una bala entrara en mi cerebro, que esa bala destruya todas las puertas de los armarios”
