José Ureña
La solicitud de audiencia está desde noviembre.
La Sección 22, donde más de 99% están afiliados a la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), quiere plantearle muchos problemas.
Pero la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, no les ha contestado y los representantes de 85 mil maestros se desesperan por falta de respuestas.
Ella está inmersa en una oculta, a pesar de creerse segura, precampaña por la candidatura para gobernadora del Estado de México en 2023.
Su operador tiene todo el poder y el dinero para operar: Oscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Muchos son los temas pendientes de la Coordinadora porque ya no tienen aquella línea directa con Palacio Nacional junto con los líderes de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Trabajadores para la Educación (STE).
Felices tiempos con Esteban Moctezuma cuando los representantes de la CNTE se codeaban con Alfonso Cepeda, titular del contrato, y Carlos Jonguitud Carrillo.
EL ROMPIMIENTO CON LA CNTE
El rompimiento vino, por coincidencia, poco después de la llegada de Delfina Gómez.
El punto de inflexión fue en Chiapas, donde los maestros de la Coordinadora impidieron a López Obrador dar su conferencia de prensa en la zona militar.
Siguió la actitud beligerante del magisterio de Michoacán con sus cierres de calles, tomas de carreteras y bloqueos a las vías del tren.
Eso estaba bien visto en el centro cuando era gobernador Silvano Aureoles, pero no desde el envío del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, un correligionario de mejor suerte.
Los resultados están a la vista:
La interlocución presidencial con la CNTE está rota, estados como Oaxaca no tienen margen para operar programas cancelados o estrangulados como la Escuela de Tiempo Completo, con ello pierden maestros, alumnos y padres de familia, y afecta al magisterio porque le llegan menos recursos.
¿Cuál es la salida?
Algunas entidades como la Ciudad de México y Puebla salvarán restricciones porque Claudia Sheinbaum y Miguel Barbosa disponen de presupuesto.
Pero otros lugares como Oaxaca, Quintana Roo y Jalisco dependen de la generosa atención de Adán Augusto López para interceder con Hacienda o la SEP.
En esta gestión cuentan, claro está, con el respaldo del SNTE y su dirigente Alfonso Cepeda, en quien el Gobierno federal reconoce operación e interlocución institucional para evitar desbordamientos magisteriales.
MÁS HAMBRE PARA MISERABLES
Es curioso un dato:
Los gobernadores hacen cuentas para atenuar los efectos de los programas educativos desaparecidos, pero ninguno de ellos presiona para revertir este decreto perverso.
Y si los mandatarios estatales no toman la iniciativa, menos operará la Cámara de Diputados -donde se aprueban los presupuestos bajo el dominio de Morena- para mejor atención de la niñez.
¿Y qué sucede mientras?
Se estima en 27 mil los planteles de educación básica en el país afectados de alguna manera y 77% de ellos ubicados en zonas rurales o semirurales.
Lo peor: 55% de los estudiantes rurales están por debajo de la línea alimentaria recomendable, un eufemismo para no llamarle pobreza extrema o miseria extrema.
