El proyecto de la Guardia Nacional es concebido en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador desde una de las facultades del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, también es un servicio permanente que la constitución política refiere en el sentido del servicio que cada hombre presta al país. Ya creada, la GN, toma caminos de reveses donde las cámaras inician su constitución, legalidad y órganos propios para llevar a cabo las tareas de seguridad publica como lo cita su propia ley orgánica en su artículo 5to.
Que no se pierda de vista la conformación de este cuerpo de seguridad, ya que los mandos militares fueron dotando del capital humano, lo más importante y vital en las instituciones de este país, para el grueso del numero de efectivos, de tal manera que la secretaria de defensa presta alrededor de 100 mil efectivos para darle vida a este agrupamiento, la seguridad esta a cargo de soldados y oficiales vestidos “similarmente” para hermanar a la seguridad: nacional, interior y publica, bajo una misma institución: el ejército mexicano, pero los presupuestos y la infraestructura no son de la misma, los salarios de éstos están en la SDN, las operaciones y construcciones de cuarteles se dan con recursos de la SSYPC, no hay armonía en el cumplimiento de la reglamentación y la secretaria Rosa Icela, puede incurrir en responsabilidades administrativas y hasta penales.
Insisto, el revés que sufre en distintas etapas la secretaria de la defensa, primero con la iniciativa de la seguridad interior, posteriormente con la facultad de operación, administración y orgánica de la Guardia Nacional, gestada al interior de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, no culmina, y este mismo proyecto da porosidad a que la misma defensa se convierta corruptible, con mayor opacidad, con proceso de empoderamiento político y con la riesgosa idea de llevar el mando de la seguridad publica cubierto por la ley.
La SCJN, crea este revés para el proyecto del presidente, y se presentan los van y vienen en los discursos, porque el ejecutivo arremete en cSeguridad nacional, ha sido la piedra angular de la política que el gobierno en turno tiene como motivante y justificación para consolidar el proceso de la militarización de la agenda de seguridad en el estado mexicano.
La Seguridad Nacional es según el plan de desarrollo, (sic) “La condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.” En décadas pasadas, era concebida solo para la proyección de las facultades de las instituciones encargadas de mantener la paz y el orden público, de acuerdo con los tipos de amenazas a la estabilidad social, económica y de soberanía del país; aquí es donde las fuerzas armadas entraban en la agenda, debido a los términos que se asociaban a la defensa y/o atención de inestabilidades internas, denominada “seguridad interior” para estas mismas.
ontra de la razón de la corte, no se puede integrar un grupo que se forma para funciones de seguridad publica en una institución de facultades militares; es inconstitucional para describirlo llanamente. La GN es hoy un agrupamiento militarizado que la defensa nacional esta ocupando y le ocasiona debilitamiento, debido a la empecinada visión del ejecutivo y decir que “de cualquier forma” habrá militares y el ejército estará a cargo de su profesionalización y servicio, la seguridad publica ya había sido militarizada, en el momento en que cambiaron las insignias y los colores de la policía nacional, policía federal, gendarmería y hoy guardia, teniendo mandos de origen militar para dirigir seccionalmente una institución encargada de coordinar las labores de seguridad con los otros ordenes de gobiernos, funcionaba medianamente, pero sus procesos también fueron sesgados y no se le permitió la consolidación profesional a la policía. Esos temas ya son políticos y de actores que serán de otra nota…
Hoy pierde el ejército, ya que, a la deficiente respuesta de la institución civil, colocaron a los militares “a cargo de la seguridad” y no en este sexenio, desde hace 20 años. Una de las instituciones que contaba con mayor confianza en la percepción ciudadana, se ha ido debilitando y a capricho presidencial también se ha corrompido, ahora este revés costará más caro que cuando crearon la policía judicial en los ochenta donde también ocuparon a afectivos militares para la creación de esta policía y atender un bomberazo de agenda de seguridad pública de orden federal.
La suprema corte retoma su fuerza natural constitucional y su figura, es otro poder en el país y cumplió hoy con su facultad, comunicar que no es correcta la operación y administración de la guardia nacional que esta introyectada en una institución civil y la lleve en mano la defensa nacional, porque la seguridad pública es eso, publica y de orden civil, por lo tanto, el mando y sus operaciones, así como sus procesos orgánicos deberán mantener la misma naturaleza.
