Enfoque Informativo

Ante la reciente disminución en remuneraciones del Poder Judicial y la reducción de los gastos discrecionales en el Congreso de la Unión, la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna dijo que la austeridad es un principio que debe ser asumido por todos quienes ostenten un cargo pagado con recursos públicos.

La legisladora en la Cámara de Diputados argumentó que la austeridad y la justicia social van de la mano, por ello los privilegios y los altos salarios quedaron en el pasado y todos esos recursos se han traducido para beneficio y bienestar de la población.

“El Presupuesto de Egresos 2025 establece un precedente en la lucha por la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, es un acto de congruencia y es de reconocerse que debe extenderse a todos los niveles de gobierno, incluyendo al Poder Judicial y los órganos legislativos”, afirmó la diputada.

Dijo que algunas medidas derivado de la reforma Judicial para septiembre de 2025, es un ajuste salarial del 48.1% respecto a 2024 para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de esta manera destacó que se da cumplimiento con el artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede ganar mas que el presidente del país.

Asimismo, los grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados verán reducidos sus recursos. “Esto asegura un manejo más transparente y evita la opacidad en el destino del dinero público”, destacó Domínguez Serna.

“Es un paso esencial para restablecer la confianza de la ciudadanía en sus representantes, porque cada peso debe ser justificado y rendido con claridad”, aseguró la legisladora federal.

Subrayó que estas medidas, además de ser ajustes financieros, significa un mensaje claro de que la austeridad debe ser para todos, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.

Finalmente, la diputada federal reiteró que seguirá impulsando desde la Cámara de Diputados iniciativas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y un manejo justo y eficiente de los recursos públicos.