Por Alejandro Ortiz

Expedientes del Ejército revelan que el 26 de septiembre en la noche, 38 normalistas fueron trasladados de barandillas hacia unas fosas; exigen reactivación de 16 órdenes de aprehensión contra militares

Los avances en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, no han continuado desde el 2021, debido a los intereses políticos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con las fuerzas armadas; “va a sacrificar el caso Ayotzinapa para no poner en riesgo los compromisos políticos con el Ejército”, señaló el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.

Entrevistado luego de un encuentro entre organizaciones sociales y padres de los 43 en Chilpancingo, el también abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, informó que, gracias a la revisión al batallón de Iguala, “salieron mas elementos que colocan al Ejército como los responsables”, no solamente por omisión, sino también por responsabilidad directa.

Explicó que los avances por parte de la Comisión Especial se detuvieron una vez que las investigaciones tomaban rumbo hacia las fuerzas militares, por lo que vislumbran una relación muy fuerte y de intereses, entre el titular del Poder Ejecutivo Federal, López Obrador, y el Ejército.

“Un punto que hoy se tiene concreto de los archivos (militares), es que a las 10 de la noche del 26 de septiembre, estaban moviendo a un grupo de 38 estudiantes de barandillas a un punto de Iguala, a unas fosas”, indicó Rosales Sierra y destacó que sería información importante a seguir, pues se habla de un grupo numeroso de normalistas.

Por ello, el movimiento social ha reiterado la exigencia, a las autoridades de México, de reactivar las 16 órdenes de aprehensión que hay contra 16 militares, entre los cuales hay militares, un coronel, un teniente, este último “plenamente involucrado pues era encargado del Centro Regional de Información de Iguala.

“Creemos que AMLO tiene compromisos políticos de alto nivel, por los cuales pasa por encima del caso Ayotzinapa, se hipoteca el caso Ayotzinapa por los compromisos políticos que él no va a romper”.

A pesar de la negativa del Gobierno Federal, respecto a continuar con las investigaciones apuntando al Ejército, los padres de familia y movimiento social por Ayotzinapa, continuarán demandando la intervención a las fuerzas armadas, para esclarecer totalmente el crimen del 2014.

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