Enfoque Informativo
Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una nueva carpeta de investigación contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y tres ex funcionarios de primer nivel, a quienes imputa delitos por su presunta responsabilidad en la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus.
De acuerdo con la dependencia, en el contrato realizado en 2014, supuestamente participaron ex funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano; el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Diazleal Ochoa, y el ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rigoberto García Campos.
Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
El monto de la operación, informó la FGR, fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva administración y “que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.
La dependencia indicó que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y se está en espera de su respuesta.
Dejó claro que esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), de la Fiscalía General de la República (FGR), integró una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus, para la entonces Procuraduría General de la República, en 2014.
La contratación fue hecha por Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely “G”, exoficial mayor; Vidal “D”, extitular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
De acuerdo a la FGR el monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente.
“La FEAI ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y se está en espera de su respuesta.
Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que PEGASUS realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, detalló la dependencia.
Sigue pendiente el Caso Iguala
Desde finales de marzo, la Interpol lo busca, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se emitiera una alerta para localizarlo por este caso
El juez federal emitió una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Es por desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso de Iguala.
Desde finales de marzo, la Interpol lo busca, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se emitiera una alerta para localizarlo por este caso.
El pasado mes de julio circularon videos de un interrogatorio que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, hizo a uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, identificado como Felipe Rodríguez Salgado alias “El Cepillo”.
Por la desaparición de los estudiantes fueron detenidos en la pasada administración 142 presuntos responsables; 78 ya están libres porque se violó el debido proceso. En muchos casos porque se obtuvieron confesiones bajo tortura.
En los videos que circulan se ve que en el interrogatorio participó personalmente quien era el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y que hoy está prófugo de la justicia
Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” o “El Terco”, fue detenido en enero de 2015 acusado de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Un tribunal colegiado de la Ciudad de México consideró como improcedente el amparo promovido por la defensa de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el que pretendía tener acceso a la carpeta de investigación en su contra por su presunta responsabilidad en diversos delitos cometidos durante las pesquisas del caso Ayotzinapa.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la capital nacional desechó el recurso interpuesto por el ex funcionario público debido a que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, ya había notificó al tribunal que el sospechoso había promovido otro juicio igual en el Juzgado Octavo de Distrito del Estado de México.
La Fiscalía de la República le explicó al tribunal capitalino que la defensa del ex director de la AIC, encargado de crear la llamada “verdad histórica” de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, intenta promover este tipo de estrategias con la finalidad de ganar tiempo en el proceso que se abrió en su contra durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, los versados en derecho dieron la razón a la FGR y expresaron que “Como lo citó la autoridad responsable, respecto al informe justificado que debiera rendir en diverso juicio de amparo, es facultad de la autoridad judicial que conoce de ese juicio el pronunciamiento correspondiente, así dado que la carpeta de investigación es información reservada, mientras el juez de amparo correspondiente no emita algún requerimiento en ese sentido, el Ministerio Público no tiene la obligación de otorgarle las copias solicitadas; máxime, si se trata de actuaciones que deben reservarse”.
