Por: Juan José Romero
El Comité Directivo Estatal del PRI, emitió un posicionamiento bajo el título de “El financiamiento público a los partidos políticos no es una concesión graciosa, es un derecho”.
La retención de los recursos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ya se esta volviendo una situación insostenible para los partidos políticos pues en estos se encuentran las prerrogativas para los mismos, por lo que la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió la liberación de los recursos al organismo electoral “que están etiquetados y contemplados en la Ley de Egresos”.
El Comité Directivo Estatal del PRI, encabezado por Alejandro Bravo Abarca emitió un posicionamiento respecto a este problema bajo el título de “El financiamiento público a los partidos políticos no es una concesión graciosa, es un derecho”.
Y es que a pesar de que el gobierno estatal, liberó la ministración correspondiente a mayo y 15 días después la de junio, todavía tiene retenidas las de julio, agosto y el mes que transcurre, es decir, le debe al IEPC tres meses.
Cabe recordar que esto contradice totalmente lo que en la última entrevista que dio a los representantes de los medios de comunicación afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), Raymundo Segura Estrada, en cuanto a que la semana pasada estaría saldado el adeudo del gobierno estatal con el IEPC.
En este sentido, a través de su posicionamiento, la dirigencia estatal del PRI mencionó que el financiamiento a los partidos políticos es uno de los mecanismos que el pacto federal ha establecido para garantizar el proceso democratizador en el país y para que la pluralidad política se exprese y participe libremente en la disputa por los espacios de representación y de gobierno y sean los cauces institucionales en los que se confronten las ideas, se expresen las distintas visiones y se propongan soluciones a los problemas de nuestra sociedad
Al respecto, en su documento, Bravo Abarca puntualiza que “es desde la Carta Magna y no la voluntad política del gobierno en turno la que define las prerrogativas de las que gozarán los partidos políticos para la recreación democrática de la pluralidad política”.
Menciona que como partido, el PRI desde hace cuatro meses ha sido afectado por la dispersión irregular del financiamiento público, recurso que es utilizado para la operatividad de su estructura partidista, sueldos y salarios.
Bravo Abarca recalcó además que “la falta de financiamiento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) rompe con la armonía institucional con la que se venía trabajando con anterioridad; en algún momento, la autoridad electoral local hizo un esfuerzo por ayudar a los partidos, pero la situación se ha vuelto insostenible, expuso.
En el documento, que también firma la secretaria general del Comité Directivo Estatal, María del Pilar Vadillo Ruiz, se recalca que el PRI no solicita una concesión graciosa si no que exige “que se cumpla la ley, que se respeten el derecho de la ciudadanía que hace política a través de los Partidos Políticos: “solicitamos al Gobierno del Estado que libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del Partido su único ingreso”.
Bravo Abarca y Pilar Vadillo finalmente señalaron que “este es un problema derivado de una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición: por eso esperamos tener respuestas favorables por el bien de Guerrero”
