De acuerdo con el obispo Salvador Rangel, un edil -probablemente de la región Centro- paga cuota al narco; a inicios de las nuevas administraciones el alcalde de Iguala sufrió amenazas de Los Tlacos
Enfoque Informativo
Un alcalde en la región Centro de Guerrero, paga cuota al crimen organizado “para que los dejen en paz”, reveló el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.
Entrevistado en Chilapa, el obispo habló sobre el tema de seguridad en Chilpancingo, posteriormente reveló que un edil debe pagar al narco, debido a la situación de control que tienen en algunas zonas.
“Ojalá y que no esté pasando esto en Chilpancingo, yo decía que si van hablar de logros y cosas, pero yo creo que es bien honesto reconocer la realidad” dijo ante el aumento de violencia en la capital de Guerrero.
Y es que, luego del informe de 100 días de gobierno de Norma Otilia Hernández, el obispo manifestó su desacuerdo en que la inseguridad haya sido resarcida, “prueba de ello que diariamente se están dando asesinatos, levantones y principalmente cobros de piso”.
Pidió que se le pregunte a la gente de Chilpancingo si se sienten seguros, “Yo creo que la gente dirá que no estamos seguros, y no porque lo proclamen, porque muchas veces proclamando mentiras se convierten en realidades”.
El pasado 7 de octubre, a unos días de las nuevas administraciones municipales en Guerrero, una docena de hombres armados, aparecieron en un video y lanzaron fuertes amenazas en contra del presidente municipal de Iguala, el priista David Gama Pérez, a quien señalan de haber metido gente externa “a querer venir a controlar la ciudad”.
En un video de más de 3 minutos, el grupo armado, quienes se autodenominan “La Sierra” (Los Tlacos), llamaron a la población igualteca a dejar de pagar el cobro de piso, especialmente a comerciantes y otros sectores económicos.
Los armados, cubiertos de la cara, acusan de las acciones de cobro de piso y extorsiones, a la banda delictiva de La Bandera, conformada por remanentes del grupo criminal, Guerreros Unidos, acusado de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
En su mensaje, uno de los armados afirma que continuarán con la guerra contra ese grupo delictivo, y advirtió con cazar y matar a sus principales cabecillas; se adjudican la construcción de la paz en aquel municipio.
“Y tú, David Gama, la paz la vamos a dar nosotros, deja de andar diciendo (…) Metiste gente de afuera a querer controlar la ciudad, cuando en Iguala tenemos gente competente y capacitada para eso”.
“Siéntate a arreglar con los dueños de la plaza, sino uno por uno van a ir cayendo, se te está acabando el tiempo, no arriesgues a la gente que busca un bienestar y solo están por trabajo, porque ellos serán los afectados por tus arreglos”.
El grupo, acusó a la banda de “La Bandera” de estar detrás de acciones delictivas contra población inocente y advirtieron con matar a taxistas y vecinos del municipio de Teloloapan, en caso de que continúen las muertes de inocentes en Iguala.
“Por cada muerto en Iguala inocente, 10 muertos de Teloloapan van a tener, taxistas y gente en general de Teloloapan los vamos a matar. Está plaza ya tiene dueño y vamos a cuidar de la gente”, sentencia el grupo en el video.
El pasado 29 de septiembre, fue difundido en redes sociales, otro video en el cual el mismo grupo delictivo somete a interrogatorio a al menos 20 presuntos sicarios deo grupo de La Bandera.
La mañana de ese día, los cuerpos de cuatro de ellos fueron localizados en un automóvil, que fue abandonado frente a la casa de campaña del ahora presidente municipal, David Gama Pérez.
El alcalde de Iguala, habría sido el primer edil de los nuevos alcaldes de Guerrero, en recibir amenazas por parte del crimen organizado, sin que hasta el momento se conozca sí hubo denuncias y si éstas han avanzado.
Guerrero es un estado fallido por el elevado índice de violencia, aseguran autoridades Ejidales y comunales
Como un estado fallido en materia de seguridad, consideraron a Guerrero los integrantes de la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero, luego del incremento acelerado de los índices delictivos.
Los inconformes exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ser incluidos en las estrategias de planeación, vigilancia y evaluación de los programas sociales que llevan a cabo, pues señalaron que en esta materia el “gran ausente” es el pueblo.
En conferencia de prensa, los líderes comunales manifestaron su preocupación por el creciente número de hechos violentos como homicidios y robos en la mayoría de las regiones a pesar de que el gobierno del estado ha informado en sus medios oficiales que tiene interés en atender de manera prioritaria la zona rural.
Arturo García Jiménez, asesor general de la coordinadora de autoridades comunales y ejidales de Guerrero, lamentó que actualmente se encuentre la entidad como un estado fallido, “y que sea uno de los más complicados, no pobres eh, complicado para vivir”.
Además cuestionó el por qué la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda se niega a recibir a una comisión de representantes de las 154 autoridades comunales y ejidales, pues señalan que su actitud se contrapone a lo que dice en sus discursos, en torno a que gobierna con el puedo y para el pueblo.
“No sabemos ni entendemos por qué se niega, nosotros vamos a seguir trabajando en los territorios, si los gobiernos siguen haciendo oídos sordos a esa petición sabremos que no les interesa el desarrollo pacífico de la población de Guerrero”, expresó García Jiménez
En tanto, Arquímidez Sandoval Vázquez, comisario de Las Vigas, se dijo confiado en la “sensibilidad política de la gobernadora Evelyn Salgado y de su equipo para que se dejen ayudar, porque hasta ahorita no hay mucha relación con las comunidades”, aseguró.
No obstante se dijo preocupado porque los gobiernos estatal y federal, han insistido en la dispersión de recursos económicos a través de programas sociales y becas, sin conocer los padrones de beneficiarios y sólo por cumplir con algunos compromisos con sus colaboradores o personas afines a su ideología, pero no con una estrategia real para fomentar el desarrollo del estado y sus habitantes, lo que sólo permite que haya tierra fértil para recrudecer la violencia, pobreza, precariedad, falta de oportunidades.
Esto agregó son la constante que genera homicidios de los jóvenes, que son cooptados por los grupos delincuenciales y terminan con sus vidas en un ambiente de elevada inseguridad en sus lugares de origen.
Los comisarios y autoridades ejidales dijeron que no es lo mismo la visión de escritorio que la de territorio, por lo que se necesita que haya trabajo a ras de tierra, revalorando el papel de las distintas autoridades como las asambleas comunitarias, de tal manera que se vigile, quienes son los beneficiarios de los programas y las comunidades sepan con qué presupuesto cuentan para la realización de obra social prioritaria, solo de esa manera se transita hacia la paz, y así se podrá eliminar la corrupción y el manejo clientelar de los programas sociales.
De esa manera, sostuvieron, se podrán conformar los Cabildos Comunitarios como instancia de planeación, vigilancia y desarrollo de las localidades, eso permitirá dijo involucrar a los habitantes a cuidar las obras y dará fortaleza a las localidades para evaluar también a los funcionarios locales, estatales y federales.
En su oportunidad el comisario ejidal de Atlixtac, Rubén Castillo Rivera explicó que es necesario incluir a las comunidades y los reales liderazgos locales, y refirió que la gobernadora Evelyn Salgado, en su última gira por La Montaña y Tierra Caliente dijo: “no se trata de apagar el fuego con más fuego, sino de generar desarrollo en los pueblos”, los cual dijo suena muy bien, aunque no es una realidad en los hechos, porque no hay un avance real en materia de seguridad pública, insistió..
Los inconformes propusieron que se establezcan estrategias claras para avanzar en el combate a la delincuencia; con la conformación de territorios de paz en zonas en lugares azotados por la delincuencia, en donde se debe concentrar “el poder del estado”, con la instalación de módulos de vigilancia con elementos federales y estatales, pero también programas de desarrollo para esos territorios, con la participación de autoridades comunitarias, con apoyo digno para las familias desplazadas, operación eficaz de los centros de salud y becas para jóvenes entre otros apoyos para la población.
