Por Alejandro Ortiz
Se tratan de dos agentes de la Policía Preventiva Municipal de Iguala y siete policías del estado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes fueron requeridos por autoridades federales
Cumplimentando una orden de aprehensión por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fuerzas de seguridad en México detuvieron a nueve policías en el estado de Guerrero, por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014.
A través de un comunicado, se informó que en una acción conjunta entre agentes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se ejecutó la orden de aprehensión en contra de agentes policíacos.
Se tratan de dos agentes de la Policía Preventiva Municipal de Iguala de la Independencia y siete policías del estado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes fueron requeridos por autoridades federales, como parte de las investigaciones por los hechos del 26 de septiembre del 2014.
“La Agencia de Investigación Criminal (AIC)cumplimentó dicha orden en contra de siete elementos de la Policía Estatal y dos Policías Preventivos del municipio de Iguala por ese lamentable caso”.
“La autoridad de la FGR y la AIC será quien otorgue más información sobre dicha detención. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal refrenda su compromiso de coordinación institucional con autoridades civiles y militares”.
Ésta es la primera detención de gran magnitud que se realiza en 2023, respecto a los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, por la desaparición de 43 estudiantes de una normal rural.
La organización civil National Security Archive (NSA) reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantenía bajo vigilancia a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa al menos desde 2006, años antes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en 2014, informó el medio de comunicación Aristegui Noticias.
La organización tuvo acceso a 20 documentos internos de la Sedena, filtrados por el colectivo Guacamaya, relacionados con el caso Ayotzinapa. Entre sus principales hallazgos, incluyen un informe de 2006 realizado por la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, que detalla la estructura, actividades y objetivos de la escuela, así como otro de 2007 que muestra un “diagrama de vínculos” con actores afines a la normal de Ayotzinapa.
Otros cuatro documentos muestran las comunicaciones entre miembros del Batallón de Infantería 27 y entre este batallón y la Zona Militar 35 durante e inmediatamente después de los ataques a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 y del día posterior.
Esta revelación es consistente con lo que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) expuso en su informe del año pasado, que vincula a la Sedena con el uso del malware Pegasus en la intervención de comunicaciones en el caso Ayotzinapa; y que el Ejército “tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes de los hechos incluso cuando estaban ocurriendo”, de acuerdo con el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Además, la NSA expuso que el Ejército implementó una estrategia encubierta de desinformación para demeritar la labor del GIEI y respaldar la “verdad histórica” fabricada por la PGR. “El conjunto de datos de la Sedena evidencia que los niveles más altos de la Secretaría ordenaron y supervisaron una campaña en contra no solo del grupo de expertos, sino también de los padres y madres de los 43 estudiantes y sus abogados”, destaca la NSA en su investigación.
Los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya continúan ayudando a desenmascarar las acciones de vigilancia en contra de la sociedad civil, como los hallazgos de la investigación Ejército Espía que evidencian la adquisición y uso de Pegasus por parte de la Sedena durante la administración actual para espiar al menos a dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos entre 2019 y 2021.
Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, junto a representantes legales y organizaciones sociales, se reunieron en Tlapa, Guerrero, para denunciar la nueva narrativa del gobierno de López Obrador que pretende cerrar el caso de la desaparición forzada.
Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se reunieron con organizaciones sociales, estudiantes, normalistas y autoridades comunitarias de la región de la Montaña en Tlapa, donde denunciaron que la nueva narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende cerrar el caso de la desaparición forzada de los estudiantes.
“Las investigaciones se estancaron cuando se responsabilizó al ejército mexicano, no solo por su omisión, sino también por su participación directa en los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014.” Denunciaron.
Durante la reunión, las madres y padres de los 43 estudiantes con sus representantes legales, alumnos de la Escuela Regional de la Montaña, el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, organizaciones como el Frente Popular de la Montaña, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y autoridades de la colonia San Isidro, manifestaron su postura para seguir exigiendo la presentación con vida de los jóvenes normalistas.
Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos también consideraron necesaria la articulación de un movimiento social de exigencia de verdad y justicia, así como otras demandas políticas y económicas urgentes en el estado de Guerrero.
Las familias de los normalistas desaparecidos lamentaron que a pesar de que el gobierno de López Obrador hizo un compromiso con ellas para llegar a la verdad y a la justicia, solo se quedó como promesa.
Detallaron que los avances más importantes en el caso fueron la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), integrada por el gobierno y las madres y padres de familia en 2018, apoyados por la asistencia técnica de un grupo de expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que los avances más sustantivos se produjeron en 2020, cuando el gobierno logró conseguir varios testimonios y datos de prueba que desembocaron en la hipótesis de que los estudiantes fueron divididos en grupos y privados de la vida.
Los datos de prueba hablan de un lugar importante, la Barranca de la Carnicería, donde se encontraron varios restos óseos de personas. Con las pruebas realizadas, dos estudiantes, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, dieron positivo. A partir de estos hallazgos, el gobierno ha dicho que eso es lo que ocurrió y que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sacó información y llegó a la conclusión de que el ejército mexicano estuvo monitoreando a los jóvenes desde el inicio hasta el momento de la agresión. Soldados inscritos dentro de la escuela hacían la labor de vigilar y fueron testigos y partícipes directos de las agresiones a los estudiantes.
