Por: Juan José Romero
No han cumplido con la rendición de cuentas; también la ASE auditó con criterios diferentes a los presidentes municipales.
Al menos 21 presidentes municipales que habrían incurrido en serias irregularidades en el manejo de los recursos que ejercieron, podrían salir adelante sin mayores problemas de los procesos que enfrentan ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), porque quien fungía “encargada de despacho” no tenía nombramiento oficial por parte del Congreso local. “Hay un riesgo, yo siempre lo dije”, expresó el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, Jacinto González Varona.
Y es que durante el tiempo en que Natividad Pérez Guinto fungió como encargada de la Auditoría Superior del Estado (ASE), este órgano fiscalizador de los recursos públicos incurrió en serias irregularidades como haber evaluado o auditado con criterios diferentes a los presidentes municipales.
En este sentido, el también dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recalcó: “hubo cambio de criterios en algunos, en la forma de evaluarlos y de auditarse les cambiaron criterios, en algunos les dijeron que tuvieron errores administrativos y en algunos casos les llamaron daños a la hacienda pública y tú sabes que el daño a la hacienda pública se considera corrupción y es un delito y en el error administrativo te doy tiempo para que lo subsanen”.
Pero también, él mismo se preguntó: “¿por qué cambiar esos criterios? ¿por qué tratar con criterio de error administrativo a unos, con la misma cantidad de millones y con criterio de daño a la hacienda pública con la misma cantidad de millones”.
Refirió, González Varona al Ayuntamiento de Alcozauca, de la región de la Montaña, cuya autoridad municipal, de un presupuesto de 60 millones de pesos sólo comprobó 13 millones y fue considerado como “¿error administrativo?”, se cuestionó.
-Y estos 21 casos corresponden a la anterior administración en la ASE?, se le cuestionó.
-Así es, cuando estuvo como encargada (Natividad Pérez Guinto) sacaron este tema de cambio de criterios, o sea cuando nosotros publicamos el plan anual de auditorías, ahí se publican los criterios y se tienen que respetar, indicó.
Señaló que en ese mismo periodo la titularidad encargada de la ASE intentó cambiar el reglamento interno y fue precisamente por esa situación que tuvo que regresar a ocupar la diputación local después de que había solicitado licencia para buscar la dirigencia estatal de Morena.
“Yo regresé por eso, querían cambiar el reglamento interno, querían cambiar al Comité, había muchas cuestiones que se presume que pudo haber temas de corrupción, no lo puedo afirmar porque no tengo las pruebas”, mencionó.
Por estas irregularidades que se presentaron en las auditorías durante ese periodo, los alcaldes que incurrieron en serias irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, pueden salir avante sin mayores problemas, sólo con “alguna argucia legaloide… sí hay el riesgo”.
González Varona refirió que por esta situación ya se iniciaron procedimientos legales ante los tribunales, pues incluso “también hay un tema de haber fenecido cuentas públicas que no cumplieron los años”, es decir, “hay varios ayuntamientos a los cuales exoneran sin cumplir con el tiempo y pues son una millonada, sobre todo el obra pública, una millonada que se exonera”, de casos del 2015 en adelante.
Un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) arrojó que en Guerrero, 77 servidores públicos, entre ex presidentes municipales, síndicos y funcionarios, se encuentran inhabilitados derivado de procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria.
El listado contiene los nombres de 23 alcaldes de los municipios de Iguala, Ecatepec, Xochistlahuaca, Petatlán, Zapotitlán Tablas, Xalpatlahuac, Pilcaya, Coahuayutla, Buenavista de Cuéllar, Iliatenco, Pedro Ascencio de Alquisiras, Tlalchapa , La Unión, Coatepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Mártir de Cuilapan, San Marcos, Teloloapan y Tlacoachistlahuaca.
Los servidores públicos señalados fueron inhabilitados de entre tres y hasta 10 años, y la mayoría a partir del año 2019, es solo que se da a conocer en el informe, que está actualizado hasta el 18 de enero de 2023.
Uno de los casos es el de Javier Chona Gutiérrez, quien se desempeñó como director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) durante la administración del perredista Evodio Velázquez Aguirre.
El funcionario se encuentra inhabilitado desde 2019 y permanecerá en ese estatus hasta 2029. También tiene que resarcir una cifra millonaria, derivado de diversas irregularidades encontradas en la revisión del ejercicio fiscal 2016.
Por nueve años, también está inhabilitado el ex director de Finanzas y Administración de la CAPAMA, Guillermo Adolfo Galeana Salas, quien también ocupó ese cargo, durante el gobierno de Velázquez Aguirre.
En la misma situación se encuentra el ex presidente municipal de Xochistlahuaca, Ygnacio García Nicolás, junto con la ex sindica Hermelinda Merino, el ex tesorero Rómulo González, y el ex director de Obras, Atenógene Genaro.
Encontraron 138 millones de pesos observados en el ejercicio fiscal 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) que involucra a exfuncionarios de la administración de Evodio Velázquez Aguirre.
“En el tema de las denuncias penales nosotros presentamos y hemos hecho las ratificaciones, pero no es función de la auditoría realizar los seguimientos. En el tema de cuentas públicas tenemos 23 denuncias del periodo 2015-2018”, comentó.
No corresponde a su dependencia sancionar a los servidores públicos que hayan cometido irregularidades y las denuncias penales son investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), sin mencionar a los exalcaldes denunciados.
En la comparecencia hablaron de la situación que enfrentan los organismos de agua potable en los municipios, el presidente de la Comisión, Jesús Villanueva Vega reconoció que había irregularidades, pero justificó que la ley establece que la información es reservada. No queremos frustrar los procedimientos legales que están llevando a cabo”.
Villanueva Vega adelantó que el auditor seguirá compareciendo para que informe los avances de fiscalización de los entes públicos.
“Buscamos que el Congreso recobre su naturaleza, su función que es la de revisar a todos los entes fiscalizables, revisar a todos los entes de gobierno que manejen recursos públicos y que se haga de manera honesta y honrada el manejo del dinero porque es un reclamo del pueblo de Guerrero”, dijo.
