Francisco Rodríguez
En su grandilocuente discurso ante las Naciones Unidas hace unas semanas, el presidente López Obrador expreso ante los representantes de los países ahí reunidos, que la raíz de todos los problemas del mundo era la corrupción. “Sería hipócrita ignorar que el principal problema en todas sus dimensiones, la política, la moral, económica, legal, fiscal y financiera”. “La corrupción, expreso el presidente, es la principal causa de la pobreza, la desigualdad, la frustración, la violencia y la migración”. México, explicó, logró combatirla con éxito. Después sentenció, “es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo, y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo”. Sin embargo, las palabras y el discurso de López Obrador sonaron huecas en nuestro país, al analizar las decisiones y actitudes que tiene en su gobierno, en el combate a la corrupción. Tenemos a la vista el caso Lozoya donde lo menos que se puede decir, “es mucho ruido y pocas nueces”. No han logrado encarcelar y sentenciar a los llamados peces gordos de la administración anterior, tienen presa a Rosario Robles a quien no le lo logran adjudicar su responsabilidad en la llamada estafa maestra, y todo se le va al primer mandatario en sus mañaneras, en denigrar, denostar y ofender a sus adversarios políticos, sin aterrizar en ninguna denuncia penal debidamente sustentada.
De acuerdo a su página en internet, “el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales”. Cuando cualquier ciudadano o miembro de la sociedad civil, quiere saber cuánto costo determinada obra de infraestructura, o conocer qué empresas ganaron tal o cual licitación asignada por el gobierno, recurre al INAI, quien a través de su portal de internet recibe las solicitudes de información, y envía a los solicitantes el resultado de sus preguntas. Pero esto se acabó hace unos días, con el decreto publicado en Diario Oficial de la Federación, EN DONDE POR “RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL”, queda reservada la información de las tres obras insignias de la 4T, durante 5 años. O sea se acabó la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno federal en las obras que absorben miles de millones de pesos desde su inicio. El documento presidencial emitido la semana pasada mediante el cual se considera de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México, es una violación tacita a nuestros derechos primigenios, a la rendición de cuentas y a la democracia. El decreto crea un régimen de excepción para las obras emblemáticas del Presidente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Aparecen en la lista el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y obras del sector energético. Varias de las obras se realizan bajo supervisión de la SEDENA y operan con un presupuesto mayor a los mil millones de pesos.
Es una obligación constitucional que la realización de obra pública con recursos de gobierno, se atenga a la máxima transparencia, estricta vigilancia social y clara responsabilidad (art. 134 de la Constitución). Y estos es justamente el reverso de la moneda al Decretazo obradorista, esto es, la opacidad, la que propicia prácticas como las mochadas, los sobrecostos y las factura apócrifas, y en muchos casos, los resultados caen en el derroche y en escenarios catastróficos, que ya hemos visto en el pasado, el Socavón de la carretera de Cuernavaca, la Línea 12 del Metro o los edificios derrumbados por el sismo de 2017 son un trágico recuerdo de estas prácticas. Y hay una realidad inobjetable que ha sido denunciada por periodistas especializados, que dan a conocer un reportaje que expuso contratos que otorgó el Ejército para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, fue una periodista de “Latinus”, quien detectó entre otras cosas, a empresas fantasma, compañías investigadas por desvíos de recursos y operaciones sospechosas de ocultar actos de corrupción. Ya con anterioridad, se sospechaba que interior de las fuerzas armadas había un tufo de corrupción y una gran resistencia a la rendición de cuentas sobre los dineros públicos que quedan bajo su responsabilidad administrativa. La Secretaría de la Defensa Nacional ha participado en decenas de obras de infraestructura que le fueron asignadas por el gobierno federal o por gobiernos de entidades federativas y que se caracterizaron por la opacidad y corrupción. Seguramente el presidente López Obrador quiere que la información de sus obras quede oculta por 5 años, de no ser así, cuesta trabajo entender por qué emitió un acuerdo presidencial para blindar sus proyectos prioritarios y convertirlos en proyectos de seguridad nacional. Estas acciones dan muestra nuevamente cuánto le molestan e incomodan al gobierno de la 4T, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, no importándole violentar la constitución y leyes secundarias para retirarle a los ciudadanos sus derechos, todo con el objeto de conservar la situación actual de una enorme corrupción oficial, disfrazada “con una retórica mañanera” que engaña vilmente a todos los mexicanos sobre su supuesta honestidad. Las democracias se afianzan en la transparencia y el decretazo que esconde de los ciudadanos las obras de infraestructura más representativas y que más presupuesto ocupa, tildándolas como “seguridad nacional”, representan un ataque a una de las columnas de la democracia, que es “el acceso a la información, que es un derecho que le asiste a cualquier mexicano”. La constitucionalidad del decreto por supuesto que deberá ser discutida en la Suprema Corte donde será desechado. ES CUANTO
ADENDDUM: el pasado 25 de noviembre se conmemoro es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Una ofensa a la sociedad global son los atropellos, ultrajes y humillaciones que siguen padeciendo millones de mujeres en todo el mundo. Lamentablemente, México sigue es uno de los países más violentas e inseguros para las mujeres. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de diez mujeres por día pierden la vida en nuestro país y, desde hace años, la tasa de feminicidios va en aumento. La exclusión y la desigualdad siguen violentando sus derechos. BASTA YA.
