Por Juan José Romero
El Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales del Estado de Guerrero (Concaingro) respaldó las acciones emprendidas por elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional, quienes evitaron el viernes pasado que estudiantes normalistas de Aytozinapa y los padres de los 43, tomarán la caseta de cobros de Palo Blanco, lo que califica como un acto de aplicación de la ley.
El presidente de Concaingro, Julián Urióstegui Carbajal, consideró importante que la ciudadanía sepa “que el sector privado está con la legalidad y el estado de derecho, por eso respaldamos las acciones del gobierno del estado de Guerrero y la Federación”, al impedir que de nueva cuenta los normalistas de Aytozinapa y los padres de los 43 tomarán la caseta de cobros de Palo Blanco y siguieron recolectando recursos a razón de 100 pesos por vehículo para que siguieran circulando por esa vía de cuota.
Urióstegui Carbajal reconoció que si bien es cierto se deben garantizar los derechos a la libertad de expresión y manifestación para todos los mexicanos, también lo que “no pueden coartar las libertades del resto de la sociedad”.
Expresó que sí es cierto que hay demandas justas, y los padres de los 43 tienen todo el derecho a manifestarse, “pero sin afectar los derechos del resto”, insistió.
El líder empresarial agregó que desde hace 7 años ese sector ha sido solidario con los familiares de los jóvenes desaparecidos de Aytozinapa, “nos sumamos desde entonces a la exigencia de justicia, y lo hacemos ahora también, pero no debemos revolver las cosas. Ahora estamos hablando de libre tránsito, y de la afectación que ha tenido el sector turístico, principalmente en Acapulco”.
Sobre el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reprobó la acción de los elementos policíacos, el presidente de Concaingro refirió que “la toma de casetas es un delito federal, y exigir dinero para que se transite por esta vía, es otro delito más, por lo que fue muy acertado que los gobiernos del estado y la federación” , y agregó que “se trata de una estrategia para mantener la gobernabilidad@” .
Finalmente, explicó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está poniendo el estado de derecho sobre la mesa para toda la sociedad, “porque no debe haber distingo para nadie” , finalizó.
