Por Juan José Romero
Al menos 100 localidades fueron afectadas severamente en su sistema hidráulico debido a las lluvias que dejo el huracán John, aunado a hechos de vandalismo y robo, señaló el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastélum Félix.
El funcionario estatal, admitió que a 20 días de que el fenómeno natural, devastó a Guerrero, apenas se ha podido recorrer el 80% de las poblaciones afectadas, en las que, se ha priorizado, garantizar el suministro de agua a través de las pipas.
El proceso de evaluación, valoración y el diagnóstico estatal de todos los sistemas de agua potable, aunque permanecen en proceso, por lo que aún no se tiene una estimación del monto general que se requiere de inversión para atender el daño.
Sin embargo, informó que, en la solicitud de la declaratoria de desastre, enviada a la Secretaría de Gobernación por el estado, incluye 65 municipios; pero hay localidades en los que “ni siquiera” se ha podido ingresar, debido a problemas de comunicación.
Agrego que, el retraso en la emisión de la información tiene que ver con la instalación de las nuevas autoridades municipales, quienes apenas están conociendo cuál es la condición de sus localidades.
“En el rubro hidráulico, hay 100 localidades que presentan afectaciones serias, hemos atendido la dificultad en la escasez del servicio, proporcionando pipas, agua potable gratuita a la población”, remarcó el funcionario estatal.
Gastelúm Félix admitió además, que el municipio de Acapulco es el más afectado, por su extensión poblacional, donde a 20 días, posterior al fenómeno natural hay viviendas que aún permanecen bajo las inundaciones en algunos lugares.
En el sistema hidráulico, la afectación radica en pérdidas de “galerías, cárcamos, líneas de media y baja tensión, en la red eléctrica, transformadores, arrancadores, equipos de bombeo”, pero que también registran daños por vandalismo y robo, insistió.
Los hechos de vandalismo y robo, lo sufrieron los sistemas de las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco, a cuyas autoridades municipales se les sugirió proceder penalmente para generar antecedentes.
