Juan José Romero

  • Por el caso Ayotzinapa fueron desarmados desde septiembre de 2014

  • Solo esperan una carta que emitirá la CNDH al Gobierno Estatal

Más de 60 policías preventivos de Iguala están a la espera de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expida una carta que permita que el Gobierno del Estado devuelva las armas a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio, ya que sus elementos fueron desarmados, luego de los hechos violentos contra estudiantes de Ayotzinapa desde septiembre de 2014.

El síndico procurador de Iguala, Oscar Díaz Bello, informó que el Gobierno Municipal está a la espera de la carta que expedirá la CNDH al Gobierno Estatal, para que en los primeros días de junio, la Policía Preventiva de nueva cuenta tenga las armas que les fueron retiradas en 2014.

El funcionario municipal recordó que los policías municipales han estado trabajando, pero sólo en labores de proximidad con la ciudadanía.

Se trata de 62 elementos que han cumplido con los exámenes de control y la certificación correspondiente, por lo que podrían ser armados en junio, “además otros 7 elementos están en trámites para obtener la certificación, dando un total de 69 elementos preventivos, cifra que sigue siendo insuficiente para dar resguardo a más de 150 mil habitantes en Iguala”.

El funcionario municipal consideró que lo ideal es contar por lo menos con 300 elementos, por lo que en breve, se emitirán más convocatorias para reclutar a hombres y mujeres que estén interesados en participar en dar seguridad a los igualtecos desde la Policía Preventiva Municipal.

Cabe mencionar que desde los hechos en los que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, los elementos de la Policía Preventiva fueron desarmados; la instrucción se cumplió el 6 de octubre de 2014, por órdenes del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, con el objetivo de analizar si las armas habían sido utilizadas para cometer actos delictivos.

Desde entonces y hasta ahora, la seguridad del municipio fue asumida por la Guardia Nacional y la Policía del Estado que brindan el servicio.

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