Por Juan José Romero
Como una ruta para garantizar los derechos de las personas y para el cumplimiento y garantía de las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, que es una práctica reprobada porque lacera a la sociedad, es necesario que Guerrero cuente con una ley sobre desaparición forzada de personas homologada a la que existe a nivel federal.
Esta consideración fue hecha por la presidenta de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado, Cecilia Narciso Gaytán, quien manifestó la necesidad de armonizar la legislación local en materia de desaparición forzada con la legislación nacional.
Cuando las desapariciones de personas son atribuibles a alguna autoridad estatal o municipal, la Comisión de Derechos Humanos integra la queja y lleva a cabo las investigaciones, y cuando ese fenómeno social es cometido por particulares, el organismo sólo se limita a documentar los hechos y corresponde a la Fiscalía del estado realizar las pesquisas, explicó.
Como ejemplo citó la desaparición de 17 personas de la comunidad de Chautipan del municipio de Chilpancingo, quienes de acuerdo a reportes de sus familiares desaparecieron los días 21, 22 y 27 de octubre cuando se trasladaban a la comunidad El Epazote del municipio de Chilapa a vender trastes, de los cuales 11 fueron encontrados asesinados; este caso sólo fue documentado porque no hay ninguna autoridad señalada como responsable, indicó.
Recordó que, sobre esos hechos, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos solicitó una excitativa de justicia a la Fiscalía, de seguimiento con la debida diligencia de las investigaciones de las personas desaparecidas.
Narciso Gaytán informó que hay personal de ese organismo dando acompañamiento a los familiares de las 11 personas que fueron encontradas asesinadas, en la entrega y reconocimiento de los cuerpos.
Cuestionada sobre las cifras de personas desaparecidas en Guerrero, la funcionaria estatal no se aventuró a dar el número que aún faltan de ser localizadas y que forman parte del grupo de 17 desaparecidos de la comunidad de Chautipan, “porque esa información corresponde jurídicamente darla a conocer a la Fiscalía General del Estado”, expuso.
