Por Alejandro Ortiz
El Estado Mexicano se ha negado a entregar las observaciones por el homicidio del normalista, por los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014; la familia del normalista denuncia persecución y hostigamiento
A casi 10 años de los hechos ocurridos en Iguala, por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres, la familia de Julio César Mondragón Fontes, estudiante detenido, torturado y desollado, denunció la falta de justicia para con el joven normalista.
A través de un comunicado, la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), quien apoya legalmente a la familia del normalista asesinado, dio a conocer que solicitaron al Estado Mexicano “presentar sus observaciones al caso del estudiante desollado de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, en un plazo de tres meses”.
Dicha solicitud podría extenderse hasta 4 meses, en caso de que el Estado solicitara la prórroga, sin embargo no podría extenderse más allá de dicho plazo la solicitud de información. Sin embargo transcurrido el tiempo, la RSDCIAC informó que “el Estado no ha respondido la solicitud de observaciones”.
Cabe recordar que el 26 de septiembre, policías municipales junto a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, atacaron a normalistas de Ayotzinapa que acudieron al municipio para retener autobuses que participarían en la actividad anual del 2 de Octubre.
En ese evento 43 estudiantes fueron desaparecidos en hechos que hasta el día de hoy no han sido aclarados en su totalidad por parte de las autoridades. Pero además de los desaparecidos, otras seis personas fueron asesinadas por ese mismo evento, entre ellas tres normalistas de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”.
El 27 de septiembre, en las inmediaciones de la Zona Industrial, apareció el cuerpo de una persona desollada y con evidentes huellas de tortura. Minutos más tarde se confirmó que el cuerpo pertenecía a Julio César Mondragón Fontes, estudiante que hasta ese momento estaba en calidad de desaparecido.
Desde entonces la familia del estudiante ha solicitado justicia y apoyo para daños psicológicos de la familia. Por la nueva situación legal que el Estado Mexicano se ha negado a atender, la familia y la representación legal contempla solicitar a la Comisión Interamericana “que inicie la realización el diferimiento del examen de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo”, por el caso de Fontes Mondragón.
“También responsabilizamos al Estado del hostigamiento y persecución del que la familia es víctima”, puntualiza la misiva.
