Por: Juan José Romero

La información derivada de una investigación luego del asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona

El ex procurador de justicia en el estado, Iñaki Blanco Carera señaló que la información derivada de una investigación luego del asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona y otras personas fue utilizada electoralmente por el gobierno federal lo que derivó en no detención del ex alcalde José Luis Abarca.

“Se trata de un tema de delincuencia organizada, esto es un tema que le correspondía conocer a la federación, no obstante se trabajó de manera coordinada con la PGR, la Procuraduría del estado se dio a la tarea de integrar esa averiguación y como resultado se obtuvieron datos de prueba importantes que permitieron establecer cuales fueron las zonas de influencias, el modus operandi y la estructura de los Guerreros Unidos”.

De igual manera derivado de esta misma investigación se obtuvieron dijo declaraciones “importantes” como fue la de Ernesto Pineda Vega y de una de las víctimas de nombre Nicolás Mendoza Villa, lo que permitió establecer a grandes rasgos lo que había ocurrido, logrando con ello incluso desmantelar narco laboratorio en Iguala y el hallazgo de una fosa clandestina con restos óseos, todo esto aseguro se compartió con la entonces PGR, la Policía Federal el Ejercito y el CISEN para que se procediera contra José Luis Abarca, y ahora considera el ex funcionario que la información “se administró políticamente halando con la intención de obtener un resultado electoral”, apuntó.

Para ese entonces refirió el PRD, lleva 10 años ejerciendo el poder en Guerrero, por lo que considero que la información antes referida se detonaría dijo en el momento previo a las elecciones o después de la misma, ”lo cual tuvo una grave consecuencia”, indicó.

“Hay muchas personas que cuestionan por qué la fiscalía no hizo valer el ejercicio de la acción penal, reitero era un tema de delincuencia organizada y lo que se acordó con la federación específicamente con la PGR, es que esta detuviera a José Luis Abarca sin previo aviso, a que me refiero a que sin que existiese la necesidad de agotar el procedimiento de desafuero, ya fuese la revocación del mandato o el juicio de procedencia que establece la Constitución, porque ese fuero no le alcanzaba a nivel federal, no lo protegía”, indicó.

O en su defecto agrego, aplicara la medida de arraigo en tanto se perfeccionaba la averiguación previa para estar en condiciones de consignarlos, recalcó.

De haberse cumplimentado esto, la historia de los 43 normalistas de Ayotinapa, hubiera cambiado, aunque el capítulo de los estudiantes pudo o no haber sido diferente a lo que hoy se conoce.