Enfoque Informativo
La actividad minera en Guerrero se ha concentrado en las regiones Norte, Centro y parte de Tierra Caliente
El Congreso del Estado aprobó un exhorto a las secretarías federales de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud y de Economía para garantizar la aplicación de recursos en los territorios donde se genera el pago de derechos por la actividad minera, como lo señala el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos.
Al presentar la propuesta, el diputado Andrés Guevara Cárdenas (Morena) indicó que de acuerdo con el Programa Institucional del Servicio Geológico Mexicano 2020-2024, la minería se considera, desde el punto de vista socioeconómico, un beneficio y oportunidad de desarrollo potencial para las comunidades anfitrionas.
Refirió que la actividad minera en Guerrero se ha concentrado en las regiones Norte, Centro y parte de Tierra Caliente, destacando los municipios de Eduardo Neri, Cocula, Teloloapan y Arcelia, y que en los últimos cinco años ha sido muy dinámica, generando más de cuatro mil empleos directos y 22 mil indirectos, lo cual debiera traducirse en mayor bienestar para la población.
“La minería construye, además, infraestructura para el bien público (carreteras, caminos, hospitales, puentes, casas, comercio, transporte, escuelas, etc.) y genera capitales que, al ser invertidos en las comunidades y ciudadanía, detonan en beneficios para toda la sociedad, sabiendo que su contribución podría ser mayor si existe el interés por invertir en aquellas actividades relacionadas, agregando valor y fortaleciendo las cadenas productivas”, abundó el diputado.
Sin embargo, lamentó que las regiones mineras coinciden en que algunos territorios son altamente marginados, presentan serias deficiencias en cuanto a vías de comunicación, servicios públicos, infraestructura educativa y de salud.
Explicó que dentro de la Ley Federal de Derechos se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, la cual tuvo vigencia del 2014 al año 2017, con reglas de operación que marcaban que el fondo se distribuiría en un 62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, y el 37.5 a la entidad federativa correspondiente.
Precisó que ante la desaparición de los fideicomisos en 2020, se publicó un decreto para establecer la entrega de los remanentes del Fondo Minero a la Tesorería de la Federación, para su aplicación como parte del Presupuesto de Egresos, situación que motivó la propuesta de exhortar a las secretarías federales de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud y de Economía, para que apliquen esos recursos.
