Por Efraín Flores Iglesias
Lo ocurrido la tarde del miércoles en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan es, sin lugar a dudas, un hecho de sangre muy lamentable, ya que fallecieron varias personas, entre ellos un menor de edad.
El grupo armado que irrumpió violentamente en ese poblado de la región de Tierra Caliente iba con un claro propósito: matar al alcalde Conrado Acosta Almeda y a su padre, el ex alcalde Juan Acosta Mendoza, ambos de extracción perredista.
No me corresponde a mí señalar si los policías municipales y otros servidores públicos del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan que también fueron abatidos tenían algún vínculo con uno de los grupos criminales que operan impunemente en aquella región.
Lo cierto es que las autoridades estatales y federales están obligadas a esclarecer ese acto terrorista, porque no siempre mueren en un solo hecho más de 20 personas, mucho menos un presidente municipal en funciones.
La región de Tierra Caliente le hace honor a su nombre. Y no de ahora. Desde hace varios años y de acuerdo a informes oficiales, se sabe que operan más de dos grupos criminales que influyen en la elección de presidentes municipales y diputados locales y federales.
Durante los últimos seis años han sido asesinados y privados de su libertad varios presidentes municipales, ex legisladores, candidatos y operadores políticos, sin importar su filiación política.
La noche del sábado 23 de julio de 2016, por ejemplo, el entonces alcalde perredista de Pungarabato (Ciudad Altamirano), Ambrosio Soto Duarte, fue asesinado a balazos a la altura del punto conocido como Las Curvas del Cajón, en el tramo carretero entre San Lucas, Michoacán, y Ciudad Altamirano. Su chófer también falleció en la emboscada y los escoltas que iban con él (policías federales) resultaron heridos, mismos que fueron trasladados en una clínica de la cabecera municipal de Pungarabato para su atención médica.
Un año después, el 23 de mayo de 2017, el ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex diputado local por el PRD, Elí Camacho Goicochea, fue asesinado de varios balazos en la cabeza, estómago y espalda.
El oriundo de Santa Teresa se encontraba esa noche en la paletería “La Michoacana”, ubicada sobre la glorieta de los “Niños Héroes”, a un costado del bulevar que conduce de Ciudad Altamirano a Coyuca de Catalán.
Un mes antes, el 10 de abril, el abogado y diputado suplente del PRI, Modesto Carranza Catalán, fue asesinado a balazos frente a su familia en un negocio de su propiedad en pleno centro de Ciudad Altamirano.
Carranza Catalán era suplente del diputado Saúl Beltrán Orozco, quien en ese entonces enfrentaba un proceso de desafuero en el Congreso local, luego de contar con una orden de aprehensión por su probable participación en un homicidio en San Miguel Totolapan, cuando fue alcalde en el trienio 2012-2015.
Saúl Beltrán fue señalado en 2017 por el ex fiscal Javier Olea Peláez, de ser el “Tequilero número uno”. “Los Tequileros” es un grupo criminal al que se le atribuye los hechos de sangre del pasado miércoles en San Miguel Totolapan, en el que fueron asesinados el alcalde Conrado Acosta Almeda y su padre, el ex alcalde Juan Acosta Mendoza (trienios 2015-2018 y 2018-2021).
También en 2017 fue asesinado a balazos el ex diputado y ex alcalde perredista de General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), Roger Arellano Sotelo.
Un años después, el 8 de mayo de 2018, el alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y candidato del PRI a diputado local por el distrito 17, Abel Montúfar Mendoza, fue hallado muerto y con impactos de bala, a las 16:00 horas aproximadamente, en el asiento trasero de su camioneta marca Nissan, modelo Frontier doble cabina, misma que se encontraba estacionada sobre el bulevar Ciudad Altamirano-Coyuca de Catalán, en el entronque con la zona de tolerancia.
Y el que sigue sin saberse nada de su paradero, es el ex alcalde de Zirándaro de los Chávez y ex diputado local y federal por el PRD, Catalino Duarte Ortuño, quien la tarde-noche del 13 de abril de 2017 fue privado de su libertad frente a sus familiares y a unos metros de su domicilio en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán.
Horas antes de ser “levantado” por un comando armado, Duarte Ortuño comió con unos simpatizantes en Laguna de Guayanalco, municipio de San Miguel Totolapan.
La violencia es imparable en Tierra Caliente. Lo lamentable de todo es que los crímenes cometidos contra actores políticos siguen sin esclarecerse.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha actuado con tortuguismo. Mientras que el gobierno federal ha sido indolente e insensible con lo que ocurre en la región calentana.
Es claro que la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado. Y los más perjudicados son los pobladores que se dedican a actividades lícitas.
Por cierto, algunos dirigentes partidistas pretenden sacar raja política con lo ocurrido el pasado miércoles en San Miguel Totolapan, golpeteando al gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, a quien exigen acabar cuanto antes con la violencia en Guerrero.
Los que ahora exigen resultados inmediatos son aquellos que durante los gobiernos pasados callaron como momias. Amnesia pura.
La violencia no se originó en 2021. Viene arrastrándose desde hace varios años.
Desde luego que todos queremos que la violencia acabe en Guerrero para que reine la paz. Pero, para que eso se logre se requiere que todos los ciudadanos pongamos también de nuestra parte, porque los criminales también son parte del pueblo.
Además, los partidos políticos también tienen mucho que ver en que muchos de sus militantes (señalados por sus nexos con el crimen organizado) lleguen a ocupar cargos de elección popular. Ejemplos hay muchos y de todos los colores.
Ojalá el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apoye más al estado de Guerrero en materia de seguridad pública y no deje sola a la gobernadora Evelyn Salgado y a los ciudadanos.
