Enfoque Informativo
Cientos de migrantes fueron desalojados este domingo, de manera pacífica, de un campamento cercano a una garita internacional en Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, y reubicados en albergues.
Los migrantes, de varias nacionalidades, ocupaban el sitio próximo a la Garita Internacional El Chaparral desde febrero de 2021, pero ahora vivirán en albergues del Gobierno mexicano y del Gobierno del estado de Baja California.
Desde su instalación, prácticamente en la línea fronteriza, al lugar llegaron más de dos mil migrantes centroamericanos, mexicanos, haitianos, entre otros, y tenían como principal exigencia una pronta atención para la solicitud de su apoyo humanitario para ingresar a Estados Unidos, esto con el fin de huir de la violencia de sus lugares de origen.
Con el paso de los meses, el número de residentes en el campamento fue disminuyendo y actualmente había 381 personas durmiendo bajo casas de campaña, mismas que fueron retiradas por personal de limpieza del municipio de Tijuana, en la primeras horas de este domingo.
Al campamento, ubicado en una zona federal, llegaron primero agentes de la Guardia Nacional y agentes antimotines de la Policía Municipal de Tijuana, todos desarmados y con la intención de controlar el orden en el lugar.
Posteriormente se apersonaron la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y el secretario del Gobierno del estado, Catalino Zavala, para supervisar el desalojo.
Sin uso de la violencia y bajo estricto orden, los migrantes comenzaron a reunir sus artículos personales y subieron a camiones que se acondicionaron para el traslado a albergues habilitados para ellos.
Uno de estos albergues es el Centro Estatal de Atención al Migrante, mientras que otros optaron por irse a otro sitio que ya tenían previsto.
“Esta es una zona de mucho tráfico vehicular y lo hicimos temprano para que ellos lleguen en el día, porque hacerlo de noche era definitivamente muy peligroso”, justificó la alcaldesa Caballero al ser cuestionada por medios sobre el operativo en la madrugada.
Por su parte, Zavala explicó que hubo coordinación entres los Gobiernos municipal, estatal y federal “para llevar a cabo este operativo de forma segura”, y ambos funcionarios compartieron que, a quien lo desee, se le pagarán gastos de traslado al retornarse a su lugar de origen.
“En lo que tiene que ver con el traslado y reubicación a los albergues van a contar con el apoyo y la asesoría legal para su trámite que tiene que ver con el asilo político”, dijo Zavala y añadió que organizaciones y abogados podrán entrar a los albergues.
Según organizaciones, en el campamento actualmente había 381 personas, de las cuales 59 eran familias compuestas por mamá, papá e hijos, 27 eran madres solteras, 33 hombres solos, cuatro mujeres solas, ocho bebés, dos mujeres embarazadas, dos adultos mayores y dos integrantes de la comunidad LGBTI.
