Pemex, acorralada por una deuda de más de 113.000 millones de dólares, busca fortalecerse con la rehabilitación de la red nacional de refinerías para evitar exportar crudo.
En México las palabras petróleo y pueblo casi siempre van de la mano, al menos en el discurso de las autoridades y en los eslóganes del Gobierno. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha acelerado sus planes para perseguir la “autosuficiencia energética” del país, un viejo sueño que parte de una premisa ideológica y camina hacia un horizonte aún incierto. El trampolín para lograr el propósito es Pemex, un gigante acorralado por una deuda de 113.000 millones de dólares (100.000 millones de euros) que busca ahora fortalecerse a través de la reactivación de la red nacional de refinerías y evitar, o disminuir de forma drástica, la exportación de crudo. La petrolera estatal presentó el martes un decálogo que pretende marcar un cambio de rumbo en línea con el proyecto político del mandatario, nítidamente nacionalista en materia energética.
“Por el rescate de soberanía”. El lema de Petróleos Mexicanos, la mayor empresa del país, es inequívoco y se remonta a 2019. La declaración de intenciones coincidió con la llegada al poder del nuevo Gobierno y desde entonces, López Obrador ha tratado de reformar a fondo todo el sector energético, empezando por el sistema eléctrico. Lo hizo con una ley que cambiaba las reglas del juego del mercado y concedía a otro mastodonte del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, el carril preferente para la producción y distribución. Sus críticos la calificaron de renacionalización encubierta. En cualquier caso, la iniciativa ha quedado de momento en agua de borrajas, primero porque la justicia paralizó la medida ante la avalancha de recursos interpuestos por compañías privadas y ahora porque solo puede desatascarse con una reforma constitucional para la que no hay suficiente consenso en el Parlamento.
Sin embargo, el presidente no se dio por vencido y se centró en los hidrocarburos. Esta semana ha anunciado que en enero México cerrará la compra de Deer Park, una refinería propiedad de Shell ubicada en Texas, por 1.600 millones de dólares (1.418 millones de euros). Y el martes invitó a su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, un veterano dirigente de la izquierda que expuso un plan para recuperar el protagonismo de la empresa con un cambio de modelo.
El giro consiste, en esencia, en cerrar progresivamente el grifo del crudo al extranjero para que en 2023 toda la producción pueda convertirse en combustible en México o en plantas estatales. La inversión de tendencia que se propone el Ejecutivo ya ha iniciado y es tal que si en 2018 se procesaron 506.000 barriles y se exportaron 1,19 millones, este año se ha incrementado la capacidad de refinación hasta los 714.00 barriles. El propósito para 2022 es duplicar esa cantidad y exportar 435.000. “Ya para el 23 y para el 24 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar […] en nuestro país para garantizar el abasto de combustibles”, aseguró el responsable de Pemex.
Ese es el propósito declarado del plan, además de mantener cierto control de los precios reduciendo la dependencia y los costos de importación, aunque detrás hay también una década marcada por una caída vertiginosa de las reservas. De 2012 a 2018, bajo la anterior Administración de Enrique Peña Nieto (PRI), se desplomaron de casi 14.000 millones de barriles a la mitad. Este Ejecutivo confía en cerrar su período en 2024 con ese promedio, unos 7.000 millones.
¿Pero cuáles son las herramientas con las que México quiere emprender este camino? En la llamada Cuarta Transformación, el proyecto de López Obrador y su partido, Morena, todo está conectado. Otra línea maestra del programa de Gobierno son las grandes infraestructuras y entre esas obras figuran la refinería de Dos Bocas y el proyecto de Cangrejera, en el Caribe, a la que se suma ahora la compra del complejo petroquímico de Deer Park en Estados Unidos. Con esas plantas, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al final del sexenio se podrían producir 858.000 barriles de gasolina y 542.000 de diésel, dejando la capacidad de refinación en un 86%.
Óscar Ocampo, coordinador del departamento de Energía del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), no lo ve tan fácil. “Es inviable que se alcancen esas metas. Se retoma la idea de Cangrejera, pero no está en el Presupuesto de Egresos para 2022. Y se antoja complicado que se logre inaugurar a plenitud la refinería de Dos Bocas, más allá de lo simbólico, y que esté a pleno rendimiento antes de 2024″. A eso se añaden los grandes lastres de Pemex, prosigue el analista: la deuda de 113.000 millones de dólares y el deterioro de su subsidiaria industrial, precisamente la encargada de producción y transformación del crudo. “Su gran pecado”, concluye, “es que siempre ha estado a merced de los poderes políticos y no tanto económicos”. En este contexto, la Secretaría de Hacienda presentó a principios de diciembre una propuesta de rescate que contemplaba una refinanciación de la deuda, una reforma del gobierno corporativo y un plan de negocios. A muchos expertos les pareció una buena señal, aunque ahora López Obrador ha vuelto a poner el acento en la soberanía.
“Que se cuide el petróleo, que es de la nación, que es del pueblo, que se utilice para el consumo interno, que ya se continúe vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, que se mantengan precios justos por los combustibles”, proclamó el presidente el martes antes de dar la palabra al secretario general de la petrolera. El camino está marcado y es parte del legado que el mandatario, admirador de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, los gobernantes que nacionalizaron el sector energético, está determinado a dejar a los mexicanos.