Por: Fernando Hinterholzer
Llegando casi al 1 de diciembre, que corresponde a la primera mitad de su administración el gobierno de la 4T, al igual que sus predecesores ha fracasado rotundamente en un rubro básico para la sociedad mexicana, la seguridad, ya que no han podido frenar la violencia homicida provocada por el crimen organizado. Y el año 2021 terminara con más de 33 mil homicidios dolosos, casi los mismos números que durante el último tramo del gobierno anterior que, en su momento fue un año récord en materia de homicidios. El indicador más importante de que la delincuencia va en aumento, es que los mexicanos nos sentimos más inseguros. Los territorios controlados por el crimen organizado son ya franja definida en el territorio nacional y abarca más del 30% del mismo. Enfrentamientos y masacres en Zacatecas, Jalisco, Sonora, Michoacán además de lo ocurrido hace unos días, en Quintana Roo, en donde un tiroteo en plena zona turística, puso en riesgo la vida de los turistas que disfrutaban las playas de la Riviera Maya, y por supuesto prendió las alarmas sobre el efecto que la violencia tiene para el turismo en esa región del sureste del país, al producir un deterioro a su imagen como un lugar pacífico e incrementar los niveles de desconfianza que los turistas extranjeros tienen al escoger qué destinos elegir para su descanso y esparcimiento (Alemania e Italia ya emitieron una alarma roja para que sus conciudadanos no visiten Quintana Roo). En Acapulco, la presencia del crimen organizado está acabando con el poco turismo extranjero que llega a ese destino guerrerense, igual extorsionan a los comercios como pean la plaza los grupos criminales. No existe una estrategia para contener la violencia e inseguridad generadas por el crimen organizado, se requieren acciones integrales que puedan contener la inercia de violencia que se desató hace más de una década. La administración obradorista debe a la brevedad, revisar y reforzar su estrategia de seguridad pública nacional, los ciudadanos debemos que recalcar que es una asignatura urgente por resolver en el país. La seguridad no debe ser una graciosa concesión del Estado, sino que representa lo más preciado que tiene la población para su desempeño cotidiano; lograr la pacificación del país es el gran reto del gobierno federal, que necesita de la constante evaluación, revisión y adecuación por parte del las fuerzas armadas y Guardia Nacional, en sus líneas de acción para cumplir con la demanda principal de la sociedad.
De la misma manera, es imperativo redimensionar la coordinación policial de los tres órdenes de gobierno, federales estatales y municipales, instancias que desde hace años enfrentan una descomposición de sus grupos policiacos y que hoy en día, en su gran mayoría no tienen los recursos para enfrentar por si solos, a los grupos del crimen organizado. En estos tiempos postcovid, la seguridad debe ser una garantía pública; esto es, una condición sin la cual no será posible llevar a cabo la transformación de la vida pública de México, lo que nos obliga a seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a restablecer el tejido social que durante mucho tiempo se fue resquebrajando, ante la complicidad del poder político y el económico. Con un escenario terrorífico, a tres años de la 4T, con un inicio del mes de noviembre trágico y una violencia incontenible, el gobierno está prácticamente rebasado por la delincuencia, y ya alcanzamos los 100 mil homicidios en tres años. Solamente en lo que va del 2021, se han agregado más de 26 mil víctimas de asesinato según cifras del SESNSP, lo que representa un promedio de 95 diarios. Para la ciudadanía que sufren estos delitos, como el robo con violencia, el narcomenudeo y la extorsión, se registran aumentos del 9, 8 y 6%, respectivamente en todo el país. De enero a septiembre de 2021, la trata de personas aumento en un 13%. Esto considerando desde luego las denuncias formales, porque la ENVIPE 2021 considero que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las Fiscalías durante 2020 fue de 93.3% a nivel nacional. Las decisiones en materia de seguridad pasan en muchas ocasiones por encima de la legalidad. Que la inseguridad no pare y aumente cada vez más, es también un signo que la pobreza e impunidad van aumentando, esto ha caracterizado a la administración actual, y no tienen la culpa los gobiernos anteriores neoliberales, la tienen quienes gobiernan.
En Morena insisten en sus intentos por descarrilar al Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar del desempeño que tenido en las diferentes transiciones que han sucedido en el país, en el 2000 y en el 2018. Hay que insistir que el INE hace tres años, volvió a hacer bien su trabajo, y dar certeza de legalidad e imparcialidad a los comicios, contando con miles de ciudadanos que generan tranquilidad y certeza a la sociedad. El Poder Ejecutivo se lo han alternado el PRI, el PAN y hace tres años, Morena. Y todo ha sido por la vía estrictamente institucional, motivada y respaldada por la autonomía del órgano electoral, el INE. Hace unas semanas, el presidente del INE, acudió a la Cámara de Diputados a justificar el presupuesto para 2022 que incluyen varias elecciones locales, pero sobre todo por la solicitud de revocación de mandato del Ejecutivo. Dicha revocación de mandato ha sido solicitada por el mismo presidente López Obrador, quien, confiando en su enorme popularidad, considera salir airoso de la consulta. El INE solicito un presupuesto para la posible revocación de mandato y la posible consulta popular. Si no se utilizan los 5.7 mil millones de pesos de dicho presupuesto se regresan a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el partido en el poder y sus rémoras, mantienen el recorte presupuestal al Instituto y así lo van a aprobar en el PEF. Ante esta trama del obligar al Instituto a cumplir con sus atribuciones prácticamente sin los recursos suficientes, empiezo a ver el escenario que planean en el poder ejecutivo y sus lacayos del Legislativo para desaparecer al INE: si tienes que organizar la consulta de revocación de mandato te quito el dinero para organizarla. Después te señalo como un organismo incapaz e ineficiente, y que te niegas a organizarla. Con estos elementos se presenta una reforma constitucional para quitarle la autonomía al INE y pedir juicio político a los Consejeros, perversa la trama obradorista. “Morena quieren regresar a los tiempos cuando el gobierno organizaba las elecciones, cuando se caía el sistema, cuando el gobierno era juez y parte”. ES CUANTO
Adenddum: Hoy Chiapas vive una situación muy complicada en los tres ámbitos de gobierno. La inseguridad y la violencia se han vuelto en una constante y con la creciente probabilidad de violencias provenientes de conflictos sociales y políticos se han crecido con la llegada de diferentes grupos del crimen organizado, y al menos cinco, de varios grupos armados de índole político. Poniendo en riesgo la paz, esto aunado a la determinación de la Suprema Corte de devolverle la región de los Chimalapas a Oaxaca
