Por Cesáreo Guzmán
Hace unos días leía las declaraciones del director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, en el sentido de quitar los candados en las prestaciones del ISSSTE, para que los agremiados tengan acceso a los beneficios de la seguridad social.
La intención me parece muy loable más no el procedimiento.
Dice el alto funcionario gubernamental que hablará con los diputados integrantes de la nueva legislatura, y con la gobernadora electa maestra Evelyn Salgado Pineda para que el nuevo gobierno se convierta en deudor solidario, en otras palabras, para que la nueva administración pague en un plazo de 15 años los 13 mil millones de pesos producto de las retenciones que no se entregaron al ISSSTE desde 1995.
Se le olvida primero al doctor Ferrer Aguilar que los estados gozan de soberanía para tomar este tipo de decisiones.
No habido falta de voluntad para cubrir estos adeudos históricos, sino falta de recursos para cubrir estos compromisos financieros.
Las movilizaciones de los trabajadores del sector salud han escalado este problema a un asunto de gobernabilidad, a la vez que ponen en riesgo la salud de miles de guerrerenses.
De por sí el acceso a los servicios de salud en Guerrero es una asignatura pendiente, sobre todo en las zonas rurales donde las clínicas y centros de salud permanecen vacías: no hay medicamentos, no hay enfermeras ni doctores.
Es cierto también que se debe aclarar el destino de los descuentos que se hicieron a los trabajadores, por cuanto el FEGAC es una bolsa que se integra de manera tripartita.
Las prestaciones descontadas no sólo no se enteraron… Han servido para pagar la nómina cada vez más abultada en salud y muchas áreas más del gobierno.
En ese sentido, la demanda de los trabajadores de que se les retribuyan sus aportaciones es justa, pero abandonar sus puestos de trabajo conlleva una responsabilidad.
Sería interesante que el nuevo gobierno, informe sobre los adeudos que se generaron en cada administración desde 1995, no para señalar con índice de fuego a quienes estuvieron al frente de esta responsabilidad, sino para acreditar que ante la insuficiencia de recursos nadie podía cubrir estos compromisos.
Disminuir las participaciones federales sería llevar al suicidio a un estado tan pobre como el nuestro.
Por ello me parece absurdo y fuera de lugar el planteamiento del funcionario del Insabi.
En todo caso habrá que pedir la comprensión y solidaridad al gobierno federal para que condone de tajo los adeudos a que hago referencia.
Así como el presidente AMLO condonó los adeudos históricos de energía eléctrica en su estado natal, Tabasco, bien podría hacer algo similar en Guerrero pues goza de las facultades para hacerlo.
La otra alternativa resulta sencillamente intransitable y estoy seguro que no pasará.
