Sábado, 12 Agosto 2017 12:05

Desapariciones forzadas, de lo evidente a lo absurdo

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Bárbara Díaz

Durante años la sociedad mexicana y las autoridades han actuado con comodidad y en silencio frente a lo evidente: las deficiencias del Estado de Derecho. Así también nos hemos tapado los ojos frente a hechos que pasan de lo inverosímil para caer en lo absurdo, y que en otros países hubiesen significado, al menos, la renuncia de más de una autoridad.

Hoy, las evidencias de afectaciones graves a los derechos humanos salen a flote en zonas focalizadas del país, pero son reflejo también de lo que está pasando en muchas otras. Estas evidencias se traducen en una serie de promesas para fortalecer las instituciones y evitar que se repitan este tipo de tragedias. Así, podemos enlistar lo que todavía son buenos deseos, por ejemplo, expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; así como, siete iniciativas en la materia.

La deuda jurídica se encuentra presente desde el 2002, cuando México se suscribió a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, comprometiéndose a expedir legislaciones para prevenir, tipificar y sancionar la compleja conducta jurídica denominada desaparición forzada. En 2011, tras la visita de un grupo de trabajo sobre la desaparición forzada o involuntaria en México, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, se volvió a poner el dedo en la llaga, indicando en sus conclusiones que no existe una política pública integral y un marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desaparición forzada.

 

 

 

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