Miércoles, 19 Abril 2017 11:54

La justicia en México

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 José Marroquín

La pobreza, la miseria, la desigualdad y la polarización son procesos de diferenciación social que con marcado énfasis ocurren en México, como en otros países de la región. En su informe sobre 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que 45.5% de la población vive en pobreza, en tanto que 9.8% vive en condiciones de miseria. Estos números no traducen solamente los resultados positivos de las políticas sociales aplicadas en el país; indican también los efectos adversos de las medidas económicas aplicadas para integrar la economía mexicana a los procesos globales.

El hecho de que 53.3 millones de personas se encontraran en 2012 en condiciones de pobreza —de acuerdo con la medición del CONEVAL— implica que se tiene un ingreso menor al valor de la línea de bienestar y al menos una carencia con respecto a derechos sociales como educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación. En el mismo reporte encontramos que, adicionalmente, 33.5 millones de personas carecen de acceso a alguno de los derechos ya enunciados. Es decir, en concordancia con el informe del CONEVAL, solamente 23.2 millones de personas en México (19.8% de la población) tienen un ingreso adecuado y acceso a derechos sociales básicos. Estos datos, al mismo tiempo que revelan una situación preocupante, ocultan la persistencia de la desigualdad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubicó a México como el segundo, entre sus miembros, por las desigualdades entre ricos y pobres.

Lo anterior se traduce, en lo cotidiano, en la existencia de condiciones adversas para la mayoría de la población. Junto a las cifras se ubican las prácticas que acentúan la precariedad en el empleo; la sobreexplotación laboral (asociada a la discriminación de los sectores en situaciones de vulnerabilidad); la exclusión de sectores sociales y de diversas regiones del país; así como la integración creciente (y perversa) a la economía criminal. El conjunto constituye un obstáculo a la consolidación de procesos sociales e institucionales necesarios para la construcción de procesos democráticos participativos e incluyentes. En estas circunstancias los crecientes conflictos entre grupos sociales y entre estos y el Estado no han sido solucionados debido a la inexistencia de canales que permitan dirimirlos.

El Estado debe proveer los canales adecuados para dirimir los conflictos. Se debe garantizar la existencia de instancias para que las personas ejerzan sus derechos. Ante los efectos de las decisiones y prácticas políticas y ante las consecuencias de las decisiones de personas y grupos que poseen la capacidad de avasallar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad es indispensable tener acceso a los recursos que permitan el ejercicio de los derechos. La construcción, consolidación y reforma constante de este sistema debe estar enfocado a quienes histórica y constantemente han estado en condiciones desventajosas, por ejemplo, mujeres, indígenas y migrantes.

El acceso a la justicia suele vincularse al proceso específico de reformas judiciales que ha tenido lugar en el continente en las últimas décadas. Queda fuera de toda duda la necesidad de esta vinculación. Sin embargo, la limitación del acceso a la justicia, que tiene lugar en América Latina, trasciende los límites del ámbito judicial. Para el Banco Interamericano de Desarrollo es inobjetable el vínculo entre justicia y desarrollo. Este vínculo no se reduce a la importancia de la seguridad jurídica para los inversionistas ni a la seguridad sobre los derechos de propiedad. Son importantes ambos aspectos, pero su cara oculta, en el contexto de las decisiones políticas y económicas que han prevalecido en el continente, es el incremento de la exclusión con la consecuente inseguridad e inestabilidad política y jurídica que afecta a los países de la región.

 

 

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