NO HAY INFORMACIÓN PÚBLICA DE CÓMO ESTÁN OPERANDO LAS MINERAS EN GUERRERO

 

Juan José Romero

Chilpancingo, Gro., 6 de diciembre del 2017.- Debido a que no hay información pública de cómo están operando las Mineras en Guerrero, con respecto al cuidado del medio ambiente, el diputado local perredista Isidro Duarte Cabrera propuso un exhorto a los legisladores federales del Congreso de la Unión y del Senado de la República modifiquen artículos de la Ley Federal de Derechos.

La idea es que “se incremente la tasa por el cobro de derechos  de 7.5 a 8% aplicada a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva; asimismo, se incremente de 0.5 a 0.75% el derecho extraordinario sobre minería derivado de la enajenación del oro, plata y platino”, planteó.

Puntualizo que estos recursos en lugar de quedarse en la federación como actualmente ocurre, por el pago de los derechos de explotación y comercialización minera “se apliquen a la generación de programas y acciones de mitigación de impacto ambiental en las comunidades donde se localizan las explotaciones mineras”, indico.

Duarte pidió a los legisladores federales hacer uso de las facultades que les conceden las fracciones X y XXIX, numeral 2 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que realicen las modificaciones a los artículos 268, 269, 270 y 275 de la Ley Federal de Derechos, donde se incremente la tasa por el cobro de derechos  de 7.5 a 8% aplicada a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva; asimismo, se incremente de 0.5 a 0.75% el derecho extraordinario sobre minería derivado de la enajenación del oro, plata y platino; y se modifique la forma de distribución de los recursos obtenidos y aplicados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, destinándose un 85% al Fondo y el 15% a la Federación de los cuáles el 2.5% a la SEDATU para la administración de dicho Fondo.

Y agregó que los recursos que  obtenga la federación, serán destinados a programas y acciones de mitigación de impacto ambiental en las comunidades donde se localizan las explotaciones mineras donde no se tiene información clara del grado de contaminación al medio ambiente que las mineras  hacen derivado de sus actividades.

El legislador local consideró necesario que se realice un ajuste a la forma de distribución de los recursos obtenidos por el pago de los derechos de extracción y explotación de las concesiones mineras y la venta o enajenación de los metales, en virtud que son las comunidades, principalmente, las que resienten el impacto de las explotaciones mineras, ya que la minería ha sido una de las actividades que causa un fuerte impacto ambiental.

Detalló que la actividad minera ocasiona la destrucción de los suelos naturales y creación de nuevos suelos, los cuales presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas que dificultan el desarrollo de la vegetación,  sin contar la contaminación que producen los relaves sobre las fuentes de agua y los altos niveles de plomo y azufre que se quedan en el aire.

Y es que no se tiene de manera específica del destino de los cerca de quinientos millones de pesos que se queda la federación, producto de los impuesto por extracción, porque  “no se señala de manera específica para que deban ser destinados, sino que el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos únicamente señala que se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda”, sostuvo.

Dijo que de acuerdo con cifras de la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la producción minera en los años 2014 y 2015 fueron de $2,090,718.508.98 y $2,191,742,278.79 respectivamente, lo que de conformidad a la forma de distribución establecida en el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, tan sólo en el año 2015, a la federación le correspondieron $483,348,455.758, y a la SEDATU para el manejo administrativo del Fondo $54,793,556.97 que sumados dan un total de $493,142,012.73, cifra que en contra posición con lo que se reparte a los Estados, representa una cantidad inequitativa, toda vez que resulta sumamente oneroso la administración del Fondo, que solo otorga cincuenta y cuatro millones de pesos, y la federación que queda con cerca de quinientos millones de pesos, sin que en la explotación minera realice actividad alguna, sólo ser el recaudador, apuntó. 

 

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