Jueves, 20 Abril 2017 12:00

¿El nuevo presidencialismo mexicano?

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Por Fernando Dworak

Los seres humanos somos seres simbólicos. A través de éstos comprendemos conceptos, asimilamos discursos y explicamos lo que los emisores quieren que captemos como la “realidad”. Esto implica que un grupo en el poder puede usarlos para legitimarse, por lo que es nuestra responsabilidad descubrir lo que hay detrás.

El primer fin de semana de marzo, el Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo su 21 Asamblea donde, entre otras cosas, se aprobó eliminar el candado al IVA en alimentos y medicinas. Todo lo anterior con los consabidos rituales tricolores: aprobación por unanimidad, aclamaciones, porras al Presidente y otras demostraciones de fuerza que podrían parecer tribales, pero que obedecen a un fin específico.

Como sucede con cualquier ritual, la Asamblea logró uno de sus cometidos principales: mostrar una imagen de cohesión al interior y generar reacciones encontradas ante los opositores. Las reacciones entre estos últimos fueron del desdén y la descalificación al grito de alarma de que el viejo presidencialismo estaba de regreso.

Más allá de los rituales, ¿de verdad estamos viendo el regreso del viejo presidencialismo priista? Y si es así, ¿por cuánto tiempo?.

El presidencialismo mexicano: mitos y realidades

Para empezar es necesario ofrecer algunas definiciones. Aunque tenemos un sistema presidencial, el presidencialismo mexicano fue el resultado de un conjunto de condiciones. Si observamos la Constitución Política, el Presidente tenía hasta 2011 pocos poderes legislativos frente al Congreso, e incluso era uno de los más débiles de la región. Por ejemplo, tenía un poder de veto absoluto y carecía de facultades de veto e iniciativa preferente, como otros ejecutivos de nuestra región. Es decir, su fuerza dependía de otras condiciones.

De acuerdo con un académico de origen norteamericano llamado Jeffrey Weldon, el presidencialismo mexicano se basaba en cuatro condiciones:

En primer lugar un sistema presidencial, entendido como un origen electoral separado del ejecutivo y legislativo, donde ninguno puede terminar con el mandato del otro a menos que se rompa con el orden institucional. Este elemento se confirmó a partir de la Constitución de 1917, aunque existe desde 1824.

 

La segunda condición es la existencia de un partido mayoritario o incluso hegemónico que controlase los resultados electorales, de tal forma que el Ejecutivo controlase una mayoría en el Legislativo. Esto se alcanzó en 1928 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, y se mantuvo a nivel federal hasta 1997.

En tercer lugar, se requiere de la capacidad del Presidente para imponer la disciplina a los miembros de su partido. Esta condición se alcanzó a partir de 1933, con la prohibición a la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales. Es decir si nadie puede competir para el mismo puesto, entonces una persona puede decidir las candidaturas con su implicación en cuanto a control político.

 

 

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